El incumplimiento del Gobierno nacional en el pago de los subsidios de energía eléctrica ha generado una deuda que asciende a 7,6 billones de pesos, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas del sector y la prestación del servicio a millones de usuarios.
Según informó la Contraloría General de la República, esta deuda incluye 3,1 billones de pesos correspondientes a subsidios ya entregados, además de obligaciones por la opción tarifaria, saldos por energía en bolsa y facturación oficial no pagada.
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La situación ha llevado a algunas empresas a vender activos y aplazar pagos para mantenerse operativas.
De acuerdo con lo reportado por Asocodis, el Ministerio de Hacienda había prometido en febrero de este año abonar 1 billón de pesos antes de finalizar abril, distribuidos en cuatro etapas entre enero y abril.
Sin embargo, solo se giraron 412.300 millones de pesos entre enero y febrero, incumpliendo los compromisos adquiridos. José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, lamentó que los recursos no hayan llegado a los niveles pactados, lo que ha agravado la crisis financiera del sector.
“Lamentablemente no se cumplieron los compromisos que se pactaron en febrero de aportar 1 billón de pesos entre enero y abril. Los recursos no llegaron a esos niveles”, afirmó Manzur en declaraciones a El Tiempo.
El impacto de esta deuda es significativo, ya que las empresas continuaron entregando subsidios a los usuarios, que cubren hasta el 60% del consumo de subsistencia, sin recibir los reembolsos correspondientes del Gobierno.
Según Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, esta situación representa un riesgo financiero que podría convertirse en un problema sistémico en toda la cadena del sector energético. Gutiérrez enfatizó que los subsidios ya fueron entregados a los usuarios y que las empresas necesitan urgentemente que el Gobierno les devuelva los recursos.
“Los subsidios ya se les entregaron a los usuarios, no son para las empresas. Las empresas necesitan que el Gobierno nacional les devuelva esa plata.Estamos viendo un riesgo financiero que se puede convertir en un riesgo sistémico en toda la cadena del sector”, mencionó la directiva a El Tiempo.
El caso de Afinia, filial del Grupo EPM, es uno de los más críticos. Esta empresa concentra el 35% de la deuda total, equivalente a 1,4 billones de pesos.
John Maya, gerente general de EPM, advirtió que si no se encuentra una solución financiera inmediata, la región Caribe podría enfrentar un apagón debido a la incapacidad de los generadores para seguir suministrando energía. Maya señaló que esta situación podría desencadenar un efecto dominó en el sector.
Además de Afinia, otras empresas del sector alcanzaron su límite financiero. Algunas tuvieron que vender activos para obtener liquidez, mientras que otras recurrieron a acuerdos de pago con proveedores y generadores de energía.
Según Manzur, la situación se complica aún más con la propuesta del Ministerio de Hacienda de implementar un pago anticipado de impuestos, lo que podría asfixiar aún más la caja de las empresas, incluso aquellas que no generan utilidades.
Ante esta crisis, el Gobierno y las empresas instalaron mesas de trabajo para buscar alternativas que permitan saldar la deuda. Una de las opciones en análisis es la emisión de certificados de deuda que las empresas puedan negociar con instituciones financieras para obtener recursos inmediatos.
Para Manzur, este mecanismo podría permitir el pago de 1,5 billones de pesos correspondientes a los subsidios entregados en 2024. Sin embargo, las empresas solicitaron ajustes para que este sistema sea más rápido y flexible.
El panorama para el 2025 también es preocupante. El Presupuesto General para este año solo contempla 3,4 billones de pesos para cubrir los subsidios, lo que apenas alcanzaría para pagar la deuda de 2024 y los primeros tres meses de 2025.
Según Asocodis, si no se asignan más recursos, las empresas no podrán seguir financiando los subsidios, lo que podría traducirse en un aumento significativo en las facturas de los usuarios.
Por ejemplo, las familias de estrato uno en Chocó podrían enfrentar un incremento del 140%, mientras que en la región Caribe el aumento sería del 100%.
La Contraloría General de la República expresó su preocupación por la falta de una solución integral a esta problemática. Según el contralor generalm, Carlos Hernán Rodríguez, la deuda acumulada afecta no solo la prestación del servicio, sino las finanzas públicas y la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más vulnerables.
Además, advirtió que esta situación podría impactar negativamente en el desarrollo del país, ya que la energía es esencial para actividades productivas y domésticas.
El ente de control también solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos un informe detallado sobre la situación económica de Air-e, otra empresa del sector, y la intervención que se está llevando a cabo.
Asimismo, instó al Ministerio de Minas y Energía a agilizar la ejecución de acciones correctivas y a implementar mejoras en la gestión de los subsidios para evitar mayores riesgos en la prestación de los servicios públicos de energía y gas.
En este contexto, las empresas del sector energético han hecho un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que prioricen los recursos destinados a los subsidios eléctricos dentro del gasto público.
La falta de una solución efectiva no solo pone en peligro la estabilidad financiera de las empresas, sino el acceso a un servicio esencial para millones de colombianos.