Desde la ciudad de Neiva, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, participó en una audiencia pública para exponer las bases económicas del proyecto de reforma a la salud promovido por el Gobierno Nacional.
Durante su intervención, el funcionario aclaró que la iniciativa no solo tiene respaldo político, sino que también cuenta con la aprobación del Ministerio de Hacienda.
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Jaramillo respondió a los señalamientos que han puesto en duda la sostenibilidad financiera de la propuesta que se debate actualmente en el Congreso de la República. En ese sentido, indicó: “Siempre se ha dicho que la reforma no tiene aval del Ministerio de Hacienda, y sí lo tiene; de lo contrario, no la habríamos presentado por segunda vez”.
El ministro enfatizó que el diseño fiscal del nuevo modelo contempla diversas fuentes de financiación que ya han sido aprobadas por la Cámara de Representantes. Entre estos ingresos destacan figuras tributarias como los llamados impuestos saludables, el IVA social y un incremento gradual en el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado al sistema de salud.
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A este respecto, Jaramillo explicó que el recaudo estimado permitiría cubrir no solo la ejecución del nuevo esquema de atención, sino también el saneamiento de las obligaciones económicas que arrastra el sector.
“Lo que sucede es que la Cámara ha aprobado unos nuevos recursos que me parecen supremamente importantes. Por ejemplo: el IVA social, los impuestos saludables, subir un punto del PIB en los próximos nueve años, hasta 2034. Todo esto aprobado por la Cámara implica 8 billones de pesos adicionales. Me parece que, con eso, estaría más que suficientemente financiado el proyecto de reforma”, afirmó.
El titular de la cartera también se refirió al efecto que tendrían estos tributos en el mediano plazo, señalando que el incremento progresivo del 1 % del PIB se traduciría en un flujo constante de recursos por los próximos años.
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Según detalló, ese punto porcentual representa entre 18 y casi 20 billones de pesos, que, al distribuirse en un periodo de nueve años, equivaldría a un mínimo de 2 billones anuales adicionales.
“Vuelvo y repito: el año entrante, solamente con los impuestos saludables y con el IVA social, se sumarían 6 billones de pesos más. Además, como lo propusieron, debe aumentarse un punto del PIB para salud. Estamos hablando de que ese punto del PIB representa entre 18 y casi 20 billones de pesos, que, divididos en nueve años, dan al menos 2 billones adicionales cada año. Con esos 8 billones podríamos comenzar a sanear el sistema y pagar todas las deudas que tiene actualmente el sector salud en Colombia”, concluyó el ministro.
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Con estas declaraciones, el Ministerio de Salud busca respaldar la viabilidad financiera del proyecto de ley, el cual ha sido objeto de múltiples observaciones por parte de diferentes sectores políticos y técnicos.
El Gobierno insiste en que, con las fuentes fiscales aprobadas recientemente, se garantiza una base sólida para cubrir los gastos que implicaría la transición al nuevo modelo de salud.
El proyecto continúa en trámite legislativo mientras se desarrollan audiencias públicas en distintas regiones del país. Estas sesiones tienen como propósito socializar la reforma con las comunidades y recoger insumos para el debate parlamentario.
Al mismo tiempo, voceros del Ejecutivo han manifestado que seguirán aclarando cualquier duda sobre los aspectos financieros de la iniciativa.
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La discusión se mantiene activa en el Congreso, donde las distintas bancadas analizan los alcances estructurales de la propuesta y su impacto fiscal.
Por su parte, el ministro Jaramillo reafirmó que las proyecciones económicas hechas por su cartera están fundamentadas en los compromisos adquiridos por el Ministerio de Hacienda y en la normatividad tributaria recientemente aprobada.
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