La Fiscalía General de la Nación confirmó que la investigación en casos de corrupción que comprometen a servidores que han trabajado para entidades como la Unidad Nacional de Gestión del Riego de Desastres (Ungrd) y de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) apunta a ocho nuevos implicados, contra quienes pidió imputación de cargos.
Estos tendrían que ver, según comunicó la institución, con un millonario entramado de corrupción que compromete a funcionarios, contratistas y representantes de entidades privadas en el desvío de cien mil millones de pesos de un convenio suscrito entre la Ungrd y la ANT.
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El ente acusador radicó solicitudes de imputación contra ocho personas señaladas de haber participado en la estructuración y ejecución de este evento delictivo, que afectó gravemente los recursos públicos destinados a la atención de emergencias y proyectos agrarios.
Los presuntos implicados
Entre los presuntos responsables figura César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, a quien se le imputarían los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
También será judicializado el abogado Édgar Riveros Rey, que encara cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
A la lista se suman Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la Ungrd.
Según la Fiscalía, estos dos individuos serían parte activa del entramado delictivo y se les imputarán delitos similares, incluido el de peculado por apropiación y falsificación de documentos.
Estas serían los privados involucrados
Según la comunicación oficial, la red también incluye a representantes de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú).
Édgar Echeverri Toro, representante legal, y Francisco Javier Estupiñán Bravo, jefe de ventas, serían imputados por su rol en la manipulación contractual y documental que habría facilitado la apropiación de los recursos.
Ambos responderán ante la justicia por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, y falsedad documental.
Lavado de activos
Las autoridades tampoco pasaron por alto el hecho de que se usó dinero ilícito. En ese sentido, el ente de control imputará a Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de la Función Pública, y a Ana María Riveros Barbosa, contratista de la Ungrd, por el delito de lavado de activos, lo que da cuenta de la sofisticación del esquema criminal.
La Fiscalía ha señalado que este proceso judicial es parte de un conjunto más amplio de investigaciones orientadas a desmantelar las redes de corrupción enquistadas en la Unrg, entidad que ha sido blanco de críticas por su falta de transparencia en la contratación y ejecución de recursos.
Con estas imputaciones, el ente acusador busca sentar un precedente claro frente a la apropiación indebida de fondos públicos.
“Estamos ante un caso que compromete la integridad institucional del Estado. La judicialización efectiva de estos hechos es prioritaria para recuperar la confianza ciudadana y frenar la impunidad en el manejo de recursos públicos”, señaló el comunicado.
Investigaciones en caso Ungrd vinculan a exdirectores del Dapre y Función Pública
Olmedo López y Sneyder Pinilla, antiguos directivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), comenzaron a colaborar con la justicia al revelar los nombres de presuntos implicados en el caso de corrupción que involucra a esta entidad.
Según informó El Tiempo, esta cooperación busca obtener una reducción en sus penas, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones y preparan nuevas imputaciones.
Entre los detenidos más recientes se encuentran Sandra Ortiz, Iván Name y Andrés Calle, que fueron capturados por su presunta participación en los actos de corrupción relacionados con la Ungrd.
Sin embargo, las investigaciones apuntan a que más personas podrían ser arrestadas en los próximos días, a medida que se esclarecen los detalles del caso.
De acuerdo con el medio citado, uno de los próximos en enfrentar imputaciones sería Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Según un auto emitido por la Corte Suprema, González habría ordenado la entrega de 4.000 millones de pesos a congresistas con el objetivo de garantizar el trámite favorable de proyectos del Ejecutivo o evitar su rechazo.