El frente de guerra occidental del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) había informado días atrás, a través de un comunicado, sobre la activación de un paro armado en el departamento del Chocó.
Esta medida restrictiva comenzó al mediodía del viernes 2 de mayo y se extendió hasta la medianoche del lunes 5 de mayo.
En la mañana del 5 de mayo, el Frente de Guerra Occidental del ELN informó sobre el levantamiento del paro armado en el río Baudó, en el Chocó.
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Este fue el segundo paro armado llevado a cabo por ese grupo ilegal en el departamento durante el año. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, más de 32 mil personas se vieron afectadas en esta ocasión.
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En el comunicado antes mencionado, el grupo armado comentó lo siguiente: “El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN saluda a todo el pueblo colombiano y de manera especial a los habitantes del departamento de Chocó”.
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Y agregaron: “Un abrazo fraterno y solidario a los habitantes del río Baudó, que cumplieron con la restricción de movilidad implementada por nuestra organización en las últimas 72 horas, que entienden y comprenden la necesidad de salvaguardar la vida e integridad de sus habitantes ante la nueva embestida paramilitar del clan del golfo, damos por terminado el Paro armado y les agradecemos por el acatamiento”.
En su comunicado, el Frente de Guerra Occidental del ELN destacó irónicamente que la “normalidad” no es una palabra aplicable en el contexto de la región del Baudó. Según el grupo armado, es necesario que implementen un paro armado para que un territorio como el Baudó reciba atención en los medios de comunicación.
En su momento el ELN justificó su paro armado en la subregión del Baudó como una respuesta a las constantes incursiones de grupos paramilitares en la zona.
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El grupo armado acusó a los paramilitares liderados por “Piernas Limpias” de haber establecido una ruta de narcotráfico que conecta el medio Baudó con el alto Baudó, atravesando los ríos Cogucho y Chorí. Además, señalaron que el municipio de Nuquí sería utilizado como un centro de almacenamiento de drogas provenientes del Pacífico.
El paro armado de la guerrilla del ELN, que comenzó el 2 de mayo y concluyó el lunes 5 de mayo, tiene un impacto directo en 153 comunidades con autoridades étnico-territoriales reconocidas. Según la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, de estas comunidades, 127 son indígenas y 26 afrodescendientes. La mayoría de ellas se encuentran en el municipio del Alto Baudó.
En su alerta la entidad también había dicho que este paro armado iba a afectar toda la población de las comunidades en los márgenes del río Baudó y sus afluentes, incluyendo a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores. Según la entidad, los derechos fundamentales de estas personas, como la salud, educación, trabajo y alimentación, corren el riesgo de ser gravemente vulnerados debido a la violación flagrante del derecho constitucional a la libre locomoción.
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“Serán alrededor de 32.000 personas las afectadas, de 153 comunidades con autoridades étnico-territoriales reconocidas (127 de ellas son indígenas y 26 afrodescendientes). También podrán verse perjudicados niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores de las comunidades que habitan en los márgenes del río Baudó y sus afluentes. Sus derechos fundamentales a la salud, educación, trabajo, alimentación , entre otros, estarán en riesgo de ser vulnerados por la flagrante violación del derecho constitucional a la libre locomoción”, explicó la Defensoría del Pueblo en su alerta.
Este no es el primer paro armado que afecta al departamento este año. El 18 de febrero, el mismo frente de guerra del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) había impuesto restricciones a la movilidad en varias localidades, incluyendo los corregimientos de Dipurdú, San Miguel, Noanama y Negría, además de otras áreas cercanas al río San Juan.