La Fiscalía General de la Nación concluyó una etapa crucial en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que enfrenta cargos por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Según informó el ente investigador, esta fase incluyó la presentación de pruebas clave, como testimonios, documentos e interceptaciones telefónicas, que buscan sustentar la hipótesis de un supuesto plan para manipular declaraciones a favor del exmandatario. El lunes 5 de mayo, Uribe abrirá la fase de defensa con su declaración presencial en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá.
De acuerdo con la Fiscalía, el cierre de esta etapa estuvo a cargo de una investigadora de Policía Judicial adscrita a la Corte Suprema de Justicia, que analizó las interceptaciones telefónicas realizadas al celular de Uribe en 2018. Estas grabaciones, ordenadas por el alto tribunal, contienen conversaciones que, según el ente acusador, evidencian posibles intentos de obtener testimonios favorables mediante presiones u ofrecimientos. Entre los testigos presentados por la Fiscalía se encuentran el senador Iván Cepeda, que figura como víctima en el proceso, y el condenado Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave, además de varios exintegrantes de grupos armados ilegales.
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El ente acusador sostiene que los testimonios y las interceptaciones apuntan a un presunto esfuerzo por parte de Uribe y su entorno para contactar a reclusos con el objetivo de obtener versiones que desmintieran los supuestos vínculos del expresidente con el paramilitarismo. En una de las grabaciones reproducidas durante el juicio, se escucha al abogado Diego Cadena, exdefensor de Uribe, referirse a una conversación con Monsalve en la que este último habría mencionado ofrecimientos de dinero. Cadena afirmó que ni él ni Uribe realizaron tales ofrecimientos, pero señaló que Monsalve parecía dispuesto a retractarse de sus declaraciones.
El abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, cuestionó la legalidad de las interceptaciones telefónicas, argumentando que el número monitoreado inicialmente no correspondía al del exparamilitar Milton Córdoba, sino al del propio expresidente. Según Granados, esta situación fue advertida por un analista de comunicaciones de la Fiscalía, pero la línea de Uribe continuó siendo interceptada durante un mes adicional. Carolina Vargas Villamil, exanalista del CTI y testigo de la Fiscalía, reconoció que asumió su labor sin contexto previo sobre el caso y que posteriormente se dedicó exclusivamente al expediente.
Otro momento destacado del juicio fue la reproducción de una llamada del 3 de abril de 2018, en la que Cadena advirtió a Uribe que lo sucedido con Monsalve podría tratarse de una trampa, según conversaciones previas con otro abogado, Pardo Hasche. Además, la fiscal Marlenne Orjuela informó que la testigo Luz Marina Pineda Muñoz no pudo rendir su declaración debido a problemas de salud, lo que marcó el cierre de la fase probatoria de la Fiscalía.
Con la finalización de esta etapa, el proceso entra en una nueva fase en la que la defensa de Uribe presentará sus pruebas. La jueza Sandra Liliana Heredia fijó el inicio de esta etapa para el lunes 5 de mayo a las 8:30 a. m., cuando el expresidente será el primero en declarar. Uribe ha manifestado su intención de testificar de manera presencial, asegurando que lo hace por respeto a la administración de justicia y a la opinión pública. La jueza también indicó que se solicitarán medidas de seguridad especiales debido a la condición del procesado.
El abogado Jaime Granados deberá enviar el listado con el orden de los testigos que presentará la defensa. Aunque el juicio podría extenderse durante varios meses más, la declaración de Uribe se perfila como un punto de inflexión en un proceso que tiene implicaciones tanto políticas como jurídicas para el país.