Durante su participación en el lanzamiento de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, celebrado en Cartagena, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, abordó con contundencia los recientes hechos violentos contra miembros de la fuerza pública que se registraron en distintas regiones del país.
En un pronunciamiento ante los medios de comunicación, la alta funcionaria mostró su preocupación por lo que calificó como un grave atentado contra los derechos humanos y el proceso de paz.
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La ministra, refiriéndose a los ataques perpetrados bajo el denominado plan pistola, impulsado por grupos armados ilegales, expresó que estos hechos son “inconcebibles”. En su intervención, resaltó la gravedad de que algunos de los responsables pertenezcan a organizaciones que actualmente participan en las mesas de diálogo de paz con el Gobierno nacional.
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Según Buitrago, esta situación no solo representa una violación a los acuerdos suscritos, sino que configura delitos que deben ser judicializados de manera inmediata.
“No solo es preocupante, el Ministerio de Justicia rechaza categóricamente ese procedimiento, y creemos que las personas que están involucradas tienen que ser investigadas, juzgadas y sancionadas, porque además no solamente están violando los acuerdos —ya que algunas de esas personas a quienes se les atribuyen los hechos hacen parte de las mesas—, sino que también están cometiendo delitos que van en contravía de los derechos humanos, pues incluso en estado de indefensión están disparando contra policías y miembros del Ejército (sic)“, afirmó la ministra.
Según los primeros reportes, el Clan del Golfo estaría ofreciendo sumas considerables de dinero para que se ejecuten ataques contra integrantes del Ejército y la Policía. Por otro lado, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación (ELN) estarían realizando acciones violentas de manera independiente, sin intermediarios. El hecho más reciente, atribuido a los hombres bajo el mando de alias Calarcá, resultó en la muerte de seis militares en el departamento de Guaviare.
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Por lo que a nivel nacional, la situación actual ha dejado un saldo trágico de más de 20 policías y militares muertos, lo que encendió las alarmas no solo entre las autoridades sino en la opinión pública nacional. La violencia desatada contra los integrantes de la fuerza pública plantea serios retos para la estabilidad del proceso de paz y pone en riesgo la integridad de quienes velan por la seguridad y el orden en el territorio colombiano.
Buitrago insistió en la necesidad de que la justicia actúe con prontitud y rigor frente a estos hechos, por lo que reiteró que, desde su cartera, se respalda de manera irrestricta a las autoridades judiciales para que avancen en las investigaciones y se logre la sanción de los responsables.
“El Ministerio de Justicia no solamente reprueba, sino que insta a que las autoridades actúen de manera inmediata frente a estos actos que son técnicamente delitos de homicidio agravado, y sobre estos supuestos no debe haber ninguna consideración en el marco de la confrontación”, puntualizó la ministra ante los diferentes periodistas.
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La ministra también enfatizó que los actos violentos contra funcionarios del Estado, especialmente cuando estos se encuentran en situación de indefensión, constituyen una violación directa a los principios básicos de los derechos humanos y a las normativas del derecho internacional humanitario (DIH).
Pedro Sánchez anuncia refuerzos de seguridad ante ataques a la fuerza pública
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció ante estos mismos hechos y anunció la adopción de nuevas medidas de seguridad en Guaviare y otras regiones, con el propósito de contener la expansión de los grupos armados ilegales.
Sánchez expresó que estas organizaciones viven de “extorsionar, secuestrar, reclutar menores, asesinar firmantes de paz, líderes sociales, civiles, soldados y policías, cometer atentados terroristas o vivir del narcotráfico y la minería ilegal, revela su verdadera naturaleza criminal”.
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Además, reiteró que los responsables de estos actos enfrentan sanciones judiciales severas y solicitó el acompañamiento de organismos internacionales para vigilar el respeto al DIH.