Capturados colombianos que se dedicaban a vender cocaína en Zaragoza, España

Un grupo criminal de origen colombiano, compuesto por doce personas, ha aceptado cargos cuyas penas de prisión suman un total de 35 años, al ser acusados de tráfico de drogas en Zaragoza, en la provincia de Aragón, en el nororiente de España.

Esta organización fue desmantelada gracias a los esfuerzos de las autoridades en el país ibérico, como parte de la operación Cumbre, llevada a cabo por el Grupo II de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

En el curso de la investigación y los operativos de allanamiento y detención, las autoridades incautaron cerca de siete kilogramos de cocaína, y esto permitió sustentar las acusaciones contra los implicados, destacó El Periódico de Aragón. Además de las penas de cárcel, los condenados deberán pagar multas que, sumadas en total, superan los 550.000 euros, es decir, más de 2.680 millones de pesos colombianos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El caso fue llevado ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde los doce acusados reconocieron su culpabilidad y aceptaron las condenas, que van desde los 18 meses hasta los seis años de prisión.

Este acuerdo que se alcanzó entre el ministerio fiscal y los abogados defensores permitió reducir de manera significativa las penas iniciales, que sumaban hasta 196 años de cárcel. La disminución se debió, en parte, a la aplicación de la atenuante de drogadicción en algunos de los procesados y a la retirada de la acusación por pertenencia a una organización criminal, explicó el mismo diario local.

De otro lado, siete de los 19 acusados fueron absueltos durante el juicio.

La investigación que llevó a la desarticulación de esta red de narcotráfico se gestionó desde octubre de 2023. En ese momento, los agentes identificaron en principio a una pareja residente en Cuarte de Huerva, un municipio cercano a Zaragoza, que se dedicaba a la venta de cocaína en la capital aragonesa.

Luego las pesquisas llevaron a la identificación de otra pareja de origen colombiano que residía en La Muela, otro municipio de la misma provincia, agregó la indagación.

El trabajo de los investigadores permitió establecer conexiones entre estas personas y otros miembros del grupo, evidenciando la existencia de una red organizada dedicada al tráfico de estupefacientes. Durante el operativo, las autoridades lograron incautar una cantidad significativa de cocaína, clave para sustentar las acusaciones y llevar a los responsables ante la justicia.

El acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los abogados defensores fue fundamental para agilizar el proceso judicial y evitar un juicio prolongado. Entre los juristas que representaron a los acusados se encuentran José Luis Melguizo, Claudia Melguizo, Juan Manuel Martín Calvente, Marta Loris y Carlos Casellas.

Este pacto permitió reducir las penas iniciales, que en conjunto ascendían a casi dos siglos de prisión, y establecer multas económicas como parte de las sanciones.

Una denuncia presentada por una de las víctimas permitió a las autoridades españolas desarticular una red criminal dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. El operativo liderado por la Policía Nacional de España culminó con la detención de siete personas vinculadas a esta organización delictiva.

La mayoría de las víctimas eran mujeres de nacionalidad colombiana, que fueron captadas bajo falsas promesas y cuando llegaban a España eran sometidas a condiciones de explotación.

Las investigaciones comenzaron tras el testimonio de una de las mujeres afectadas que logró escapar y denunciar los hechos. Este valiente acto permitió a las autoridades iniciar un proceso de seguimiento que reveló la magnitud de las operaciones de la red. Las víctimas eran trasladadas desde Colombia hasta España, donde eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones de vulnerabilidad extrema.

La organización utilizaba estrategias de engaño para atraer a las mujeres. Las víctimas eran contactadas en Colombia con ofertas laborales falsas que prometían estabilidad económica y mejores oportunidades en Europa. Sin embargo, al llegar a España, las mujeres eran despojadas de sus documentos y sometidas a amenazas y coerción para forzarlas a trabajar en la industria del sexo.

La red operaba en varias localidades de España, donde las mujeres eran explotadas en condiciones precarias. Las víctimas no solo enfrentaban explotación sexual, sino también un control constante por parte de los miembros de la organización, quienes utilizaban la violencia y la intimidación para mantenerlas sometidas.

El operativo, llevado a cabo por la Policía de España, resultó en la captura de siete personas presuntamente involucradas en la red de trata. Los detenidos enfrentan cargos relacionados con la trata de personas, explotación sexual y otros delitos conexos.