Alexandra González Zapata, secretaria de gabinete del Ministerio de Defensa, utilizó una lancha de la Armada Nacional, diseñada para combatir el crimen organizado y proteger la seguridad marítima, para un paseo turístico junto a su familia.
La funcionaria, que se encontraba de vacaciones en marzo de 2024, abordó la embarcación junto a su hijo y otros familiares, recorriendo un trayecto de aproximadamente tres kilómetros entre el muelle de Santa Marta y Punta Betín.
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González Zapata justificó su acción, señalando que había consultado previamente con el cuerpo de guardacostas, quienes no habrían puesto objeción a su solicitud. Sin embargo, esta decisión generó críticas dentro de la Armada Nacional, que abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
“Me encontraba en vacaciones, estaba con mi familia, me estaba alojando en un lugar donde estaba la lancha de guardacostas e hice la consulta si podía subirme y conocer la lancha, y el cuerpo de guardacostas en su momento no vio ninguna dificultad y me permitieron subirme a mí y a mis familiares con los que me encontraba”, dijo a Semana.
Entre sus argumentos, sostuvo que no utilizó su posición en el Ministerio de Defensa para hacer uso de la lancha de la Armada Nacional, enfatizando que no tiene autoridad sobre las unidades militares y que su hijo fue quien inicialmente mostró interés en abordar la embarcación.
“Yo no ordeno sobre ninguna unidad militar, ninguna está bajo mi orden o instrucción, simplemente estaba alojada, fui con mi hijo y él es quien básicamente casi que pregunta”, afirmó.
Sin embargo, estas declaraciones no han sido suficientes para disipar las críticas, especialmente al interior de la Armada, donde se cuestiona la falta de criterio al permitir el uso de un recurso destinado a la seguridad nacional para fines recreativos.
El uso indebido de una lancha destinada a la seguridad marítima
La embarcación que usó la funcionaria es una Unidad de Reacción Inmediata, cuya misión principal es enfrentar el crimen organizado transnacional, proteger la vida humana en el mar y salvaguardar el medioambiente.
Con respecto al empleo de la lancha para un propósito completamente ajeno a sus funciones oficiales, el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada Nacional, confirmó al medio que se abrió una investigación interna para determinar cómo se permitió el uso indebido de la embarcación.
“Las unidades de reacción rápida están destinadas para proteger la vida humana en el mar, salvaguardar el medioambiente y contrarrestar el crimen organizado transnacional. No están para vacaciones ni para actividades personales”, afirmó el almirante Rozo al medio citado, subrayando la gravedad del incidente.
Según el almirante Rozo, el uso de estas unidades está estrictamente regulado y su propósito es garantizar la seguridad y el orden público en el mar. La Armada Nacional considera que los funcionarios a cargo de la lancha debieron negarse a la solicitud de la secretaria del Ministerio de Defensa. Por ahora, se adelanta la investigación para esclarecer si hubo negligencia o abuso de autoridad por parte de los involucrados.
A este hecho aislado se suma la red de narcotráfico y lavado de activos al interior de la fuerza naval, encargada de defender los intereses nacionales en los mares, océanos y ríos de la nación. Tres oficiales, dos suboficiales, un exfuncionario, un grupo de civiles y hasta contratistas del Estado quedaron salpicados en un espiral de espionaje, corrupción, música, traición y drogas.
Los funcionarios aprovechaban el control de las rutas marítimas y su influencia en las naves que vigilaban la zona para facilitar el paso de cargamentos ilegales a cambio de millonarias sumas de dinero.