Bienes de las disidencias de las Farc por $10 mil millones fueron ocupados por la Fiscalía

Una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación permitió la identificación de una red criminal que, según las autoridades, estaría vinculada al financiamiento de las actividades ilícitas de la estructura Jaime Martínez, una de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la información oficial, esta organización se dedicaba al envío de cocaína y otros estupefacientes desde las costas del Caribe y el Pacífico colombiano hacia diversos destinos internacionales, entre ellos, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Ecuador, México, República Dominicana y España.

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Según detalló la Fiscalía, los ingresos generados por estas actividades de narcotráfico eran utilizados para fortalecer el componente armado de la estructura Jaime Martínez. Los recursos se destinaban a la adquisición de armamento, explosivos y otros elementos necesarios para sostener sus operaciones.

Además, parte de los fondos se empleaban en la compra de bienes muebles e inmuebles, con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero.

En medio de las investigaciones, fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio lograron identificar un total de 11 propiedades que, según las autoridades, estarían vinculadas a los integrantes de esta red ilegal.

Estas propiedades, cuyo valor asciende a más de 10.257 millones de pesos colombianos, incluyen una sociedad, un establecimiento de comercio, seis inmuebles, dos vehículos de alta gama y un taxi.

Las autoridades impusieron medidas cautelares sobre estos bienes, que incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Estas acciones se llevaron a cabo en operativos coordinados con la Policía Nacional en la ciudad de Cali, ubicada en el departamento de Valle del Cauca.

Tras la ocupación de las propiedades, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados. Esta entidad se encargará de gestionar los activos mientras se adelantan los procesos judiciales correspondientes.

Fiscalía de Colombia impone medidas cautelares sobre bienes vinculados al Clan del Golfo por más de 23.000 millones de pesos

Un conjunto de propiedades, valorado en más de 23.000 millones de pesos colombianos, ha sido objeto de medidas cautelares por parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

Según informó la entidad, estos bienes están relacionados con Hernán Mauricio Zuluaga Bustos, presunto líder del Clan del Golfo, quien fue extraditado a Estados Unidos bajo acusaciones de tráfico de drogas. Las investigaciones apuntan a que las propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes del narcotráfico, específicamente del envío de cocaína desde el Golfo de Urabá hacia mercados internacionales.

De acuerdo con la Fiscalía, las propiedades intervenidas incluyen lujosas viviendas, vehículos, motocicletas y sociedades comerciales. Estos bienes estaban distribuidos en diferentes localidades del departamento de Antioquia, entre ellas Medellín, Puerto Triunfo, Marinilla, Sonsón y San Pedro de Urabá.

La acción judicial forma parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar las estructuras financieras del narcotráfico en el país y recuperar activos obtenidos de manera ilícita.

La Fiscalía detalló que las investigaciones permitieron identificar un patrimonio que permanecía oculto y que estaba registrado a nombre de terceros y personas cercanas a Zuluaga Bustos. Este esquema de ocultamiento habría sido utilizado para evitar que las autoridades rastrearan el origen de los bienes y su conexión con actividades delictivas.

Según la entidad, estas medidas buscan golpear las finanzas del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia.

Zuluaga Bustos, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por su presunta participación en el tráfico de drogas, habría liderado operaciones de envío de clorhidrato de cocaína desde el Golfo de Urabá hacia mercados internacionales.

Según la Fiscalía, el objetivo principal es debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales, privándolas de los recursos que les permiten operar y expandirse.