Después de tres años de proceso, el 7 de abril de 2025 se confirmó que José Leonardo Quevedo Turizo, señalado como responsable de una serie de crímenes contra personas de la comunidad Lgbti+, fue condenado a 39 años y 3 meses de prisión por la juez 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Según informó la Fiscalía General de la Nación, el fallo de primera instancia lo declaró culpable de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento de material probatorio, delitos que fueron probados durante el juicio.
De acuerdo con el expediente judicial, varios crímenes llevaron a esta condena, uno de ellos fue del panameño José Luis Santamaría Castillo, que llegó a Colombia a realizar una subespecialización en Neumología en la Universidad Javeriana, pero sus sueños se vieron cegados por el criminal.
Otro de los casos ocurrió en la localidad de Chapinero, en Bogotá, en marzo de 2023. La víctima fue atacada en su apartamento y según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cuerpo presentaba evidencias de violencia y estrangulamiento, además varios objetos de valor habían sido robados.
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Sin embargo, estos casos no fueron los únicos que vincularon a Quevedo Turizo con crímenes contra personas de la comunidad Lgbti+, pues el condenado utilizaba aplicaciones digitales para contactar a sus víctimas. Una vez ganada su confianza, iba hasta sus residencias, donde las atacaba con violencia, las asfixiaba y posteriormente robaba pertenencias de valor, como teléfonos celulares y otros objetos. Este modus operandi quedó evidenciado en otro caso ocurrido en mayo de 2023, en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, donde se le relacionó con el homicidio de otras dos personas de la comunidad.
Entre las pruebas tomadas en cuenta para la condena existen registros de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y evidencia técnica, que fueron determinantes para demostrar su responsabilidad en los crímenes.
La sentencia impuesta a Quevedo Turizo asciende a 472 meses de prisión, equivalentes a 39 años y 3 meses, junto con una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, la jueza dictó una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años, conforme a lo establecido en el Código Penal colombiano. Asimismo, se negó la posibilidad de que el condenado acceda a beneficios como la prisión domiciliaria o la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad.
En el momento de la sentencia, Quevedo Turizo se encontraba en libertad, por lo que la jueza ordenó su captura inmediata para que cumpla con la pena impuesta.
El caso desató una fuerte reacción en organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de la comunidad Lgbti+, que exigen justicia y mayor protección para esta población. Aunque la Fiscalía no formuló cargos específicos por discriminación, el perfil de las víctimas y el patrón de los crímenes demostró la vulnerabilidad de esta comunidad frente a actos de violencia.
Pese a que la condena de Quevedo Turizo representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, colectivos sociales señalaron la necesidad de implementar medidas más efectivas para prevenir este tipo de crímenes y garantizar la seguridad de las personas Lgbti+ en el país.
El juicio contra el criminal se extendió por tres años, tiempo durante el que se recopilaron pruebas y se escucharon testimonios que permitieron esclarecer los hechos. Según reportó la Fiscalía, la evidencia técnica y los registros de cámaras de seguridad fueron fundamentales para vincular al acusado con los crímenes. Además, los testimonios recaudados durante la investigación revelaron detalles sobre las relaciones que Quevedo mantenía con sus víctimas, lo que permitió establecer un patrón de conducta.