Un encuentro organizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Palomino, La Guajira, ha generado controversia dentro y fuera del tribunal.
La actividad, promovida por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, reúne a magistrados y altos funcionarios en un lujoso hotel boutique frente al mar con el objetivo de debatir sobre la justicia restaurativa y optimizar la toma de decisiones estratégicas.
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Sin embargo, la invitación no fue bien recibida por todos. La magistrada Claudia López Díaz expresó su desacuerdo en una carta dirigida a Ramelli, cuestionando la pertinencia del encuentro.
“El encuentro no se corresponde con las necesidades más apremiantes de la JEP e implica el traslado de toda la magistratura para participar en esa actividad. Considero que su desarrollo y orientación pueden, por el contrario, ser contraproducentes en la coyuntura que atravesamos”, manifestó en su comunicación.
Mientras la comitiva de la JEP se encuentra en Palomino, persisten los cuestionamientos sobre la efectividad del tribunal. A casi ocho años de su creación, aún no se han emitido sentencias condenatorias contra integrantes de las Farc o miembros de la Fuerza Pública.
De los 11 macrocasos abiertos, únicamente dos han concluido: el de los secuestros perpetrados por la antigua guerrilla y el de los denominados falsos positivos.
El viaje también ha sido objeto de escrutinio en el ámbito internacional. Fuentes en Washington indicaron que el evento se financió con recursos del Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP, por sus siglas en inglés), organismo que ha sido impactado por los recientes recortes a la cooperación internacional.
Esta situación ha llamado la atención del Gobierno de Donald Trump, que ha intervenido dicho instituto como parte de su política de austeridad.
En paralelo, el Instituto Kroc para Estudios de Paz, vinculado a la Universidad de Notre Dame y encargado de monitorear el cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia, también ha sido informado sobre la controversia.
El hotel elegido para el evento, el Naio, es conocido por su exclusividad y tarifas elevadas. Testigos en el lugar informaron que la delegación, compuesta por unas 40 personas, llegó acompañada de escoltas armados, lo que generó sorpresa entre los turistas alojados en el sitio.
Según información obtenida, una noche en este establecimiento puede costar hasta un millón de pesos por persona.
Los magistrados llegaron el 3 de abril y permanecerán en el lugar hasta el 6 del mismo mes. En la carta enviada por López Díaz, se advierte sobre los posibles retrasos que podría generar el evento en los procesos en curso dentro de la JEP.
“Invito a la reflexión sobre la pertinencia del enfoque del evento y que, en todo caso, se sugiera a quienes corresponde en la JEP no activar la figura de la suspensión de términos durante el encuentro, pues ello implicaría desfavorecer la urgente necesidad de agilizar todos los procesos para obtener los resultados (…) que reclama la sociedad colombiana”, señaló.
Al interior del tribunal, el tema ha causado tensión. Algunos magistrados decidieron no asistir al evento, argumentando que el momento exige priorizar el avance en los procesos judiciales antes que participar en actividades que incluyen espacios de recreación y bienestar frente al mar.
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