Las autoridades colombianas entregaron a la justicia mexicana a Cristóbal Fernández Viamonte, considerado el principal cabecilla de una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
La extradición del acusado se concretó el 21 de marzo de 2025, tras un operativo de cooperación entre la Policía Nacional de Colombia y la Policía Federal de México. Su captura, en tanto, se había llevado a cabo el 10 de julio de 2024 en Medellín.
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Fernández Viamonte era requerido por el juez del circuito especializado del Estado de Yucatán por su presunta participación en el reclutamiento de mujeres en diversas ciudades colombianas para ser trasladadas a México bajo falsas promesas de empleo.
Según las investigaciones, una vez en territorio mexicano, las víctimas eran sometidas a explotación sexual, reteniendo sus documentos de identidad y forzándolas a trabajar bajo deudas impagables impuestas por la organización criminal.
El proceso de captura y extradición de Fernández Viamonte fue resultado de una investigación de más de 90 días en la que participaron las autoridades de ambos países.
La Policía Nacional de Colombia logró identificar al acusado y determinar su paradero en Medellín, donde llevaba una vida de lujo en el exclusivo sector de El Poblado.
Desde allí, operaba encubierto como un empresario exitoso, utilizando documentos falsos y contactos en distintas ciudades colombianas para captar a mujeres en situación de vulnerabilidad económica.
Las víctimas, principalmente procedentes de Cali, Medellín y Bogotá, eran persuadidas con ofertas de empleo en México, específicamente en ciudades como Cancún y Mérida.
Al llegar a su destino, sus pasaportes eran confiscados y se les obligaba a firmar contratos fraudulentos que estipulaban deudas prácticamente imposibles de saldar. Esto las mantenía atrapadas en un círculo de explotación del cual era difícil escapar.
Captura y operación conjunta
La detención de Fernández Viamonte se llevó a cabo el 10 de julio de 2024 en el Centro Comercial Milla de Oro, en Medellín, donde fue sorprendido por las autoridades.
En el operativo se confirmó que el acusado contaba con un esquema de seguridad robusto y se movilizaba en vehículos blindados, medidas que había implementado para evitar ser detectado.
Paralelamente, en México, la Policía Federal Ministerial logró la captura de alias la Capitana, quien era la encargada de recibir a las víctimas en territorio mexicano y coordinar su explotación dentro de la red criminal. En esa operación, se rescataron ocho mujeres que se encontraban retenidas por la organización.
Según la Interpol, la estructura criminal de Fernández Viamonte operaba con un alto nivel de sofisticación. Utilizaban cartas de invitación falsas para facilitar el tráfico de las víctimas a través de los controles migratorios y ofrecían incentivos económicos a los reclutadores en Colombia. Además, ocultaban sus operaciones mediante reservas en hoteles y casas de seguridad en México.
Un negocio millonario a costa de la explotación
El impacto de la red de trata liderada por Fernández Viamonte ha sido significativo en el tráfico de personas entre Sudamérica y México. Se estima que el acusado acumuló un patrimonio superior a los 8.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 2 millones de dólares) gracias a sus actividades delictivas.
Los investigadores han identificado propiedades, vehículos y cuentas bancarias ligadas al cabecilla y sus colaboradores, lo que ha permitido avanzar en la incautación de bienes obtenidos ilícitamente.
La extradición de Fernández Viamonte representa un paso clave en la lucha contra la trata de personas. Con su entrega a México, las autoridades buscan profundizar en las investigaciones y desmantelar por completo la organización que operaba a ambos lados de la frontera.
Se espera que en el proceso judicial se revele información sobre otros posibles involucrados y se logre ampliar el rastreo de los fondos obtenidos a través de la explotación de las víctimas.
La alcaldía de Medellín ha intensificado sus esfuerzos para combatir la explotación sexual de menores, gracias a una alianza estratégica con la embajada de los Estados Unidos.
Según informó la administración local, esta colaboración ha permitido la captura de personas involucradas en estos delitos, algunas de las cuales han sido trasladadas a territorio estadounidense para enfrentar la justicia.
Además, funcionarios de la agencia internacional Homeland Security Investigations (HSI) han viajado a la capital antioqueña para apoyar las investigaciones y reforzar las estrategias de prevención.