La precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila se refirió al embargo de cuentas del Gobierno por deudas con Empresas Públicas de Medellín (EPM), polémica sobre la que se han pronunciado funcionarios, como el ministro de Agricultura, Edwin Palma, que criticó las posturas de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.
Dávila, sin hacer una mención específica sobre este caso, afirmó, en el punto más álgido de la polémica, que Petro busca retaliaciones contra Antioquia por la predominancia ideológica que tiene allí la derecha colombiana.
“Sí, no hay duda, Gustavo Petro odia a Antioquia y a todos los paisas. Razón: no se le entregaron, no le rinden pleitesía, no se le vendieron. Han sido firmes. Hoy sufren la venganza del Gobierno Petro, pero están resistiendo y van a resistir hasta el l 7 de agosto de 2026. Lo mismo pasa con otras regiones. Con los gobernadores y los alcaldes la presidencia tiene que hacer equipo para solucionarles los problemas a los colombianos. Sin ideologías y sin chantajes”, escribió la comunicadora.
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Petro responde: críticas a EPM y denuncias de sabotaje
El presidente Petro reaccionó con contundencia ante la orden judicial, calificándola como una medida que atenta contra el interés nacional. A través de su cuenta en X, afirmó que las empresas de servicios públicos deben priorizar el bienestar de la sociedad y no favorecer intereses privados o contractuales.
“Si EPM juega contra el interés nacional, incumple su propia razón de ser. Así que no lo podemos permitir”, escribió el mandatario, dejando claro su descontento con la actuación de la empresa.
Pero las declaraciones no quedaron ahí. Durante el tercer consejo de ministros televisado del 10 de marzo, Petro fue más allá y sugirió que el embargo es parte de una estrategia política de la oposición para desestabilizar su Gobierno.
“No solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que además los pocos recursos que tenemos los embargan. Esa es una acción política que no va ni con el interés de Antioquia ni con el interés nacional”, enfatizó el jefe de Estado ante su gabinete.
El Gobierno busca alternativas legales
En respuesta a esta situación, Petro instruyó a su equipo ministerial para que tomen medidas inmediatas con el fin de contrarrestar el embargo y buscar soluciones jurídicas que permitan proteger las cuentas estatales. Dirigió un llamado específico a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y al ministro de Minas y Energía para que actúen de inmediato.
“El Presidente tiene la función constitucional de control y vigilancia de los servicios públicos de Colombia. No se puede permitir que se pasen por alto los derechos constitucionales del Gobierno y del Presidente”, puntualizó.
Reacciones encontradas en el ámbito político
El revuelo causado por las declaraciones del presidente ha generado reacciones en distintos sectores políticos. Wilson Ruiz, exministro de Justicia durante el gobierno de Iván Duque, se pronunció en redes sociales para criticar la postura del mandatario y recordarle que el fallo judicial no obedece a persecuciones políticas, sino al incumplimiento de pagos.
“Presidente, no sé cuántas veces hay que repetírselo: las decisiones de la justicia no son persecuciones en su contra. Deje de victimizarse y cumpla”, expresó Ruiz en su cuenta de X.
El enfrentamiento entre el Gobierno y EPM abre un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y las empresas prestadoras de servicios públicos, en un contexto donde la estabilidad financiera de las mismas depende en gran parte del cumplimiento de los compromisos estatales. Mientras Petro defiende la necesidad de evitar medidas que afecten la operatividad gubernamental, EPM argumenta que el embargo es una acción legítima para asegurar el pago de recursos que le corresponden.