Un juez de Bogotá ordenó el embargo de las cuentas del Gobierno Nacional debido a las deudas acumuladas por el Ministerio de Minas y Energía con el Grupo EPM, en relación con el pago de los subsidios de servicios públicos.
La decisión, tomada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, se refiere a una deuda que ha generado un conflicto financiero entre el gobierno y la empresa.
Debido a esa decisión judicial, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, criticó duramente a Empresas Públicas de Medellín (EPM) tras la decisión. “No lo podemos permitir”, aseveró el primer mandatario colombiano.
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La resolución detalla que la deuda pendiente supera los $46.912 millones, desglosados en $41.654 millones correspondientes a saldos impagos derivados de diversas obligaciones establecidas en las resoluciones 00472, 00702, 01251 y 01961. Además, se suman $5.258 millones correspondientes a los intereses moratorios calculados a la tasa máxima legal vigente.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue quien dio a conocer la decisión judicial se tomó después de que EPM se viera obligada a recurrir a los tribunales debido a la falta de acción por parte del Gobierno Nacional frente al impago de los subsidios correspondientes.
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Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X, señalando que si EPM “juega contra el interés nacional, incumple su propia razón de ser, lo cual no se puede permitir. Añadió que las empresas de servicios públicos deben estar al servicio de la sociedad en su conjunto, no de los contratistas.
“Si EPM juega contra el interés nacional, incumple su propia razón de ser. Así que no lo podemos permitir. Las empresas de servicios públicos están en función del público que es toda la sociedad, no los contratistas que se enriquecen con el dinero público”, escribió en su cuenta de X el presidente de la República.
Sin embargo, dicha publicación no fue el único comentario que el jefe de Estado dedicó a esta decisión, pues durante el tercer consejo de ministro televisado del 10 de marzo aseguró que se trató de una retaliación por parte de la oposición a su Gobierno.
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“Entonces EPM, que es una empresa pública, a la cual la Nación le ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. No solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que además los pocos recursos que tienen los embarga. Esa es una acción política que no va, ni bajo el interés de Antioquia, o de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni tampoco por el interés nacional. Eso no se puede permitir”, comentó Gustavo Petro en la reunión con su gabinete.
Durante el consejo de ministros también les pidió a los integrantes de su gabinete que tomaran las medidas necesarias para enfrentar la resolución judicial en su contra, que se fundamentó en el monto pendiente de pago.
“El Presidente tiene la función constitucional de control y vigilancia de los servicios públicos de Colombia, no se pasa por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del Presidente (...) Le pido a la Directora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) y al Ministro de Minas y Energía tomar las medidas que haya que tomar y deben de actuar de inmediato”.
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Las palabras del jefe de Estado no pasaron desapercibidas para otras personalidades políticas del país, pues el exministro de Justicia del Gobierno de Iván Duque, Wilson Ruiz, hizo una publicación en su cuenta de X contestando a Gustavo Petro.
“Presidente, no sé cuántas veces hay que repetírselo: las decisiones de la justicia no son persecuciones en su contra. Deje de victimizarse y cumpla. Si aún no ha pagado la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3, ¿qué esperaba que pasara?”, escribió en su publicación el exjefe de cartera de la anterior administración pública del país.