Una carta enviada por el embajador de Brasil en Colombia, Paulo Estivallet de Mesquita, al Ministerio de Hacienda colombiano puso en el centro de atención un complejo entramado de contratos, pagos pendientes y denuncias de irregularidades en el sector salud.
Según informó El Tiempo, el documento, fechado el 19 de diciembre de 2024, solicita al ministro Diego Guevara resolver los incumplimientos relacionados con un contrato entre la Fiduprevisora, administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), y el grupo empresarial Zentria, vinculado al conglomerado brasileño Patria Investments.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp
La comunicación del diplomático brasileño no solo detalla los montos pendientes, sino que también resaltan las dificultades operativas que estos retrasos están generando para Zentria, uno de los principales operadores de salud en Colombia.
Este grupo empresarial gestiona 21 hospitales, 2.447 camas y 110 centros médicos de atención primaria en el país. Entre las instituciones mencionadas se encuentra la Clínica General del Norte, que, según la carta, recibió un abono parcial de 8.820 millones de pesos colombianos (aproximadamente 2,2 millones de dólares) el 14 de junio de 2024, pero aún tiene un saldo pendiente de 32.364 millones de pesos.
“Zentria es uno de los principales operadores de salud en Colombia con 21 hospitales, 2,447 camas y 110 centros médicos de atención primaria. La “Clínica General del Norte”, dijo en embajador en la carta.
El caso se complica aún más debido a que varias de las instituciones prestadoras de salud (IPS) mencionadas en la carta del embajador brasileño también figuran en denuncias por presuntos pagos irregulares.
Según reportó El Tiempo, estas acusaciones fueron presentadas por el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, que entregó un informe detallado a la Casa de Nariño, al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a la Fiscalía.
En dicho informe se mencionan supuestas coimas, empresas de papel y vínculos con paraísos fiscales, además de señalar a altos funcionarios del Gobierno.
Entre los nombres destacados en las denuncias aparecen el lobista Mario Urán, la Fiduprevisora, su expresidente Jhon Mauricio Marín, la actual canciller Laura Sarabia y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Estas acusaciones generaron una tormenta política, con implicaciones que alcanzan a varios sectores del Gobierno.
En respuesta a las acusaciones y a la carta del embajador brasileño, la Fiduprevisora aseguró que los pagos a los operadores de salud se han realizado conforme a los términos contractuales establecidos. Según la entidad, los valores se han cancelado de acuerdo con las fórmulas de arreglo pactadas en los acuerdos de transacción, siempre dentro de los límites de la disponibilidad presupuestal.
“En lo que atañe a los pagos derivados de los contratos de transacción, que son los que señala la comunicación del excelentísimo Señor Embajador de la República Federativa del Brasil, al referirse a los presuntos incumplimientos del contrato, desde la Fiduprevisora como administradora y vocera del patrimonio autónomo del Fomag, se ha venido cancelando a los antiguos operadores de la salud, los valores resultantes de aplicar las fórmulas de arreglo de las controversias, según lo pactado en los acuerdos de transacción suscritos. Operación que se ha realizado conforme a la disponibilidad presupuestal (...)”, indicaron desde la Fiduprevisora.
Sin embargo, organismos de control ya están investigando la legalidad de estos pagos, en medio de un contexto en el que el presidente Gustavo Petro ha intervenido públicamente para aclarar la situación. A través de sus redes sociales, el mandatario recordó que fue su propio Gobierno el que denunció las irregularidades en el manejo de los recursos del Fomag, diferenciándolas de los problemas de corrupción asociados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Petro también hizo referencia a las millonarias sentencias judiciales que obligan al Fomag a realizar pagos, los cuales, según él, a menudo terminan inflados por altos intereses de mora. Estas sentencias, explicó, han llevado a procesos de conciliación que, en algunos casos, han resultado en montos de uno o dos billones de pesos.
El grupo Zentria, señalado en la carta del embajador brasileño, es descrito como una de las principales inversiones gestionadas por Patria Investments, un conglomerado de origen brasileño que lidera el mercado de inversiones alternativas en América Latina, con un portafolio estimado en 43.900 millones de dólares.
La importancia de Zentria en el sistema de salud colombiano, con su amplia red de hospitales y centros médicos, resalta la gravedad de los problemas operativos que podrían derivarse de los incumplimientos contractuales.
El embajador Estivallet de Mesquita enfatizó en su comunicación que, aunque Zentria podría iniciar un proceso ejecutivo para reclamar los pagos pendientes con intereses moratorios, su principal interés es resolver el asunto de manera amigable. No obstante, advirtió que los retrasos están afectando la continuidad del servicio, lo que podría tener un impacto significativo en el sistema de salud del país.
“Si bien Zentria puede decretar el incumplimiento y adelantar un proceso ejecutivo con intereses moratorios, su principal interés es resolver el tema de forma amigable. No obstante, estos incumplimientos están generando dificultades para su operación, y está poniendo en riesgo la continuidad del servicio”, se agrega en el documento.
Mientras las investigaciones avanzan, el caso sigue generando controversia y plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la salud, así como sobre las implicaciones de los acuerdos contractuales con grandes conglomerados internacionales.