Caso Uribe: Inpec desmintió rumores sobre violenta inspección a celda de Juan Guillermo Monsalve y hallazgo de documentos clave del juicio

El 25 de febrero del 2025, Miguel Ángel del Río, abogado del exparamiliar Juan Guillermo Monsalve, denunció que su protegido fue atacado por un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Según el jurista, el uniformado ingresó de manera violenta a la celda del testigo clave en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De igual manera, calificó como intimidatorias las acciones del guardia, que le habría quitado los medicamentos mientras buscaba documentación que sirviera como prueba en el juicio contra el exmandatario.

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“El día de hoy, guardia del Inpec irrumpió de manera violenta en la celda del testigo Juan Monsalve, golpeándolo, buscando documentos en su poder y llevándose medicamentos de su tratamiento médico un día antes de su declaración en el juicio contra Uribe. Eso se llama intimidación”, indicó Del Río.

Horas después de que el litigante hiciera la denuncia, el Inpec dio a conocer cuál fue la razón principal que motivó a los guardias a realizar la inspección de la celda de Monsalve, que se encuentra bajo condiciones especiales. De acuerdo con Blu Radio, el instituto recibió información que el exparamilitar tenía varios objetos prohibidos por la normativa del centro penitenciario en su celda dentro de la cárcel La Picota.

Sin embargo, los uniformados explicaron que durante la inspección no se encontraron elementos prohibidos como celulares ni otro tipo de comodidades.

A propósito, la entidad encargada de ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad explicó que la situación fue informada a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que aseguró que iba a prestar especial atención al caso. Además de informar que luego de la requisa, el exlíder paramilitar habría tenido una reunión con el director de La Picota en la que confirmó que no perdió ningún tipo de documento ni los medicamentos para su tratamiento luego de tener un infarto en diciembre de 2024.

Aun cuando el Inpec aclaró las dudas con respecto a la denuncia del abogado Del Río, varios sectores del país se pronunciaron para rechazar los hechos y solicitaron vehemente garantías para Monsalve. En su opinión, es una manera de intimidar al testigo que está citado a declarar el 26 de febrero de 2025 en el juicio con el expresidente Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal en 2018.

Por su parte, las víctimas del caso contra el líder del partido Centro Democrático destacaron que tienen miedo que la presunta agresión en su contra tenga algún tipo de efecto negativo en su declaración que sería vital para esclarecer el futuro del exmandatario.

“Para la bancada de víctimas, este hecho constituye una acción claramente intimidatoria en contra del testigo, cuya declaración en el juicio oral se encuentra previsto que inicie el día de mañana”, se lee en la misiva.

Por lo anterior, solicitaron al Inpec que los hechos sean investigados, y que la Fiscalía General de la Nación tome las medidas y precauciones necesarias para garantizar la seguridad de Monsalve.

“Hemos puesto en conocimiento de este grave hecho al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, con el objeto de que sea investigado, y a la Fiscalía General de la Nación para que disponga de las medidas necesarias para proteger la vida e integridad física del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda”.

Bajo la misma línea, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para rechazar los hechos y criticar las presuntas agresiones de los uniformados contra Monsalve. Asimismo, el primer mandatario aseguró que el Gobierno ni sus instituciones puede interferir en un proceso legal.

“Ninguna institución del gobierno debe incidir ni presionar a nadie en procesos penales”, escribió en su cuenta de X.

En medio de la polémica, ninguna de las partes implicadas en el caso se ha pronunciado, por lo que se espera que Monsalve testifique en la fecha indicada por el órgano de control.