El debate político en Colombia tiene un nuevo tiente gris tras el señalamiento del ex fiscal General Francisco Barbosa contra el presidente Gustavo Petro, en relación con el caso de Diego Marín, alias Papá Pitufo. A través de su cuenta de X, el exfuncionario acusó al jefe de Estado de haber permitido presuntas irregularidades durante su campaña presidencial y de intentar interferir en la investigación judicial contra el presunto contrabandista.
En el mensaje en redes sociales, Barbosa afirmó: “Muy lamentable su cinismo @petrogustavo. No se equivoque ni busque confundir a la opinión pública. Los colombianos ya no creen sus patrañas”. En su publicación, el exfiscal señaló que el 8 de febrero de 2024, el mandatario habría promovido una “asonada” contra la Corte Suprema de Justicia para presionar la elección del Fiscal General, justo en el momento en que la institución avanzaba en la investigación contra alias Papá Pitufo lo que derivó en una orden de captura.
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Todo se trata de Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo, que es señalado por las autoridades como uno de los principales contrabandistas en Colombia. De acuerdo con información de la Fiscalía, Marín lideraría una red de contrabando con operaciones en Europa y Asia, moviendo mercancía de manera ilegal desde China. Su actividad habría perdurado por más de 25 años y le habría permitido consolidarse como una figura clave en el comercio ilícito del país.
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Según Barbosa, la conexión entre Marín y el Gobierno de Petro no solo se limita a encuentros previos, sino también a supuestos aportes financieros a la campaña presidencial de 2022. “Un presunto delincuente que se reunió con usted y que, según dicen sus funcionarios, filtró 500 millones de pesos a su campaña”, aseguró Barbosa en su mensaje. Además, criticó que, en lugar de denunciar estos hechos, el presidente habría optado por callar la información y, según él, beneficiar a algunos implicados con nacionalizaciones y cargos públicos.
A pesar de que el presidente Petro reconoció que dichos fondos ingresaron, insistió en que el dinero fue devuelto y que “siempre mi mensaje ha sido: ‘Cuente toda la verdad’”. La controversia provocó un intenso debate sobre la influencia de redes de contrabando en la política y sobre la capacidad del sistema judicial colombiano para esclarecer los hechos.
“Si usted en su momento no hubiera omitido denunciar los hechos delictivos que conocía, la Fiscalía hubiera actuado incluso con mayor rapidez. Pero en lugar de hacer lo correcto, usted calló la información, nacionalizó a uno de los implicados y a los otros los premio con puestos”, se lee en la publicación del exfuncionario.
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Barbosa resaltó con firmeza que, a raíz de las denuncias y la información disponible sobre los vínculos entre integrantes del Gobierno de Petro y el delincuente, estos se encontraban “acabados”. Asimismo, resaltó que la propia entidad judicial que estuvo bajo su dirección sería la encargada de llevar a cabo la investigación contra el presidente una vez finalizara su mandato, es decir, después del 7 de agosto de 2026.
En la publicación de Barbosa se lee en X que: “Colombia no creen en sus tramas de poca monta. Su gobierno y usted están acabados. Su golpe de Estado a la justicia con comisiones internacionales no va a prosperar. Una vez termine su periodo como Presidente, la misma Fiscalía tendrá que investigarlo a usted por los delitos que cometió en campaña. Se lo dije hace unos meses y se lo repito hoy: yo me fui de la Fiscalía, pero el Código Penal quedó”.
El debate sobre la influencia de la justicia en el poder político sigue en el centro de la discusión. Mientras la Fiscalía y otros organismos continúan con las pesquisas contra alias Papá Pitufo, las declaraciones cruzadas entre Barbosa y lo que señala Petro sobre el caso profundizan la polarización en el país, en un escenario donde las denuncias y las respuestas se convierten en parte de la dinámica política cotidiana.
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