La Fiscalía General de la Nación abrió una nueva línea de investigación en el escándalo de presuntos desvíos de recursos destinados al sector salud. En el centro de esta investigación se encuentra Mario Andrés Urán, un asesor de la industria, que es señalado por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con el direccionamiento de fondos hacia entidades intervenidas por el Gobierno.
Según detalles revelados por Caracol Radio, las pesquisas de la Fiscalía apuntan a un posible entramado de corrupción en el cual se habría desviado una suma millonaria hacia el Centro Oncológico del Caribe, una institución en la que Urán aparece vinculado como socio oculto. Sin embargo, la defensa del implicado ha rechazado categóricamente estas acusaciones y ha emitido un comunicado en el que niega su participación en cualquier irregularidad financiera.
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Ante la avalancha de señalamientos, el abogado de Urán, Andrés Garzón Roa, emitió un comunicado en el que enfatiza que su cliente no ha cometido ningún acto ilegal y niega cualquier vínculo con el presunto desvío de fondos hacia la IPS mencionada. “El doctor Mario Andrés Urán Martínez no ha direccionado dineros de la salud. La afirmación según la cual mi cliente direccionó más de cincuenta y nueve mil millones de pesos a la IPS Centro Oncológico del Caribe es abiertamente falsa”, señaló el abogado.
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Garzón Roa también desmintió que Urán sea socio de dicha IPS, argumentando que su relación con el Centro Oncológico del Caribe se limitó a un acuerdo accionario en 2021, tres años antes de los hechos denunciados por la Superintendencia Nacional de Salud. “Si bien es cierto hubo un proyecto de asociación para la empresa ROMA a través de un acuerdo accionario, es también cierto que este solo llegó hasta finales de 2023 y no se protocolizó”, agregó la defensa.
En el documento, el abogado también desafió a quienes han realizado las denuncias en su contra a presentar pruebas que demuestren las acusaciones. “Con total certeza hago énfasis de lo que digo ante la opinión pública. Respetuosamente reto a quienes hacen esta afirmación que es abiertamente calumniosa, como muchas otras que durante cuatro meses han hecho de mi cliente, a que comprueben lo dicho”, subrayó Garzón Roa.
Las pruebas clave en la investigación
A pesar de la defensa de Urán, la investigación de la Fiscalía se apoyaría en pruebas documentales y correos electrónicos filtrados que lo vincularían con el Centro Oncológico del Caribe. De acuerdo con la información obtenida por Caracol Radio, un correo enviado en noviembre de 2023 por Urán a varios colaboradores demostraría que este modificó la estructura accionarial de la IPS, removiendo a otros socios para quedar como el controlador mayoritario de la institución.
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Asimismo, el informe de la Superintendencia Nacional de Salud reveló que entre noviembre de 2023 y todo 2024, la IPS habría recibido giros multimillonarios de las EPS intervenidas, lo que ha generado alarma en las autoridades fiscales. La Fiscalía también está investigando si estos recursos pudieron haber sido desviados a cuentas en el extranjero, particularmente a la República Dominicana.
Ante estas evidencias, el equipo jurídico de Urán insistió en que las acusaciones carecen de fundamento y descalificó el informe de la Supersalud, calificándolo de “subjetivo” y “apócrifo”. La defensa argumenta que Urán solo se desempeñó como asesor en temas de optimización de costos médicos y no tuvo ningún papel en la administración de la IPS.
La Fiscalía continuará con las indagaciones para determinar si efectivamente hubo un direccionamiento indebido de recursos de la salud hacia el Centro Oncológico del Caribe y si Urán jugó un papel clave en este esquema. De comprobarse su responsabilidad, el asesor podría enfrentar graves cargos por corrupción.
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Por ahora, la defensa de Urán ha insistido en su inocencia y manifestó su disposición de colaborar con la justicia: “Nos hemos presentado ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de ponernos a disposición de quien lo requiera y entregar las pruebas que muestran como mi poderdante no tiene vinculación alguna con las conductas denunciadas”, concluyó su abogado Garzón Roa.