Las diferencias entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Antioquia siguen latentes por cuenta de la Resolución 377 de 2024, por medio de la cual el Ministerio de Agricultura busca identificar zonas de protección para la producción de alimentos (Zppa) y declarar, posteriormente, áreas de protección para ese mismo fin en 23 municipios de Antioquia.
En aras de informar sobre la iniciativa, se llevó a cabo el panel “Antecedentes territoriales, priorización y etapas del proceso de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos” en el municipio de Támesis, que está incluido en la resolución. Allí, las ministras de Ambiente, Susana Muhamad, y de Agricultura, Martha Carvajalino, expusieron el contenido del documento, haciendo hincapié en su relevancia.
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En el evento también hizo presencia el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que está en contra del proyecto del Gobierno Petro. Según expuso ante la población de Támesis, la resolución en cuestión resulta problemática porque, desde su perspectiva, impacta negativamente la autonomía territorial, impidiendo a los ciudadanos tomar decisiones sobre qué hacer con su territorio.
De acuerdo con su pronunciamiento, lo que pretende la administración del presidente de la República, a través del Ministerio de Agricultura, es implementar un modelo socialista, que podría tener graves consecuencias a nivel económico en el departamento.
“En Antioquia no queremos el socialismo porque ya sabemos que ese modelo fracasó, ya sabemos que el socialismo expone con crueldad sus únicos logros: escasez, ineficiencias, hambrunas, dictaduras, ruina y corrupción. La resolución sobre las zonas de protección para la producción de alimentos se pasa a la Constitución por la galleta; refleja el desprecio del gobierno Petro por la economía de mercado y la autonomía territorial; usurpa la competencia exclusiva que tienen los concejos municipales para ordenar y definir los usos del suelo en su territorio”, explicó.
En medio de su discurso, algunos ciudadanos mostraron su rechazo hacia sus reclamos, abucheando y pidiendo que se proteja el recurso hídrico y que no se ponga como prioridad la minería en el departamento. No obstante, también hubo asistentes que respaldaron la postura del mandatario, afirmando que se debe respetar la autonomía de los municipios y que las áreas de protección para la producción de alimentos (Appa) constituyen una vulneración de los derechos de los campesinos del suroeste antioqueño.
Debido a la división de posiciones que hay entre la población del departamento, el gobernador insistió en que se debe impedir la ejecución de lo planteado en la resolución, puesto que, al parecer, no fue puesto a discusión con las comunidades, ni con las administraciones municipales y los concejos. En ese sentido, se estaría dejando de lado la Constitución Política de Colombia.
“Propongo que se suspenda la implementación de la resolución hasta que exista un verdadero diálogo y que las medidas del Gobierno central estén acompañadas de verdadera inversión y no de discursos”, indicó el funcionario en el evento.
Cabe resaltar que, la Gobernación de Antioquia demandó la resolución por una presunta usurpación de funciones que son exclusivas de los concejos municipales. Además, afirmó que en el documento se hacen imposiciones sobre el tipo de cultivos que podrían implementarse en los municipios antioqueños, desconociendo, al parecer, los usos del suelo que ya están definidos y las características de los territorios.
“Pretenden producir alimentos en el 70% de los suelos por ellos definidos, que no tienen verdadera vocación para producir alimentos, que son infértiles (...), o peor aún, en el 80% de las áreas definidas por ellos en ese polígono de las Appa se debería establecer suelos con vocación forestal”, detalló el gobernador ante varios medios de comunicación, a las afueras del recinto donde se llevó a cabo el evento.