La región del Catatumbo, en Norte de Santander, vive momentos de extrema tensión debido al incremento de la violencia, que llevó a una alarmante situación de desplazamiento forzado. El General Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, declaró que más de 112 personas se refugian en bases militares, mientras se coordinan evacuaciones hacia lugares seguros como Cúcuta. “En este momento estamos evacuando 50 personas de la base de Tarra y hay algunas otras que se están concentrando en otras partes”, afirmó el General.
Según información del Puesto de Mando Unificado (PMU), la violencia ha dejado hasta 30 muertos, lo que llevó a la declaración de alerta amarilla en hospitales y a la suspensión de clases en la región. Las autoridades están fortaleciendo la seguridad con el despliegue de tropas especiales y la coordinación con las alcaldías para asegurar corredores humanitarios.
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La Procuraduría General de la Nación trabaja activamente para atender esta crisis. En Ocaña, coordina medidas de protección y recoge declaraciones de las víctimas para activar rutas de atención, mientras que en Cúcuta se declaró la emergencia humanitaria tras un Comité de Justicia Transicional.
El conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc, que se disputan el control del corredor Tibú-Cúcuta, es una de las principales causas de la violencia en la región. Este corredor es clave para el transporte de coca, y según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), Norte de Santander cuenta con más de 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito.
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El General Cardozo también mencionó que se están llevando a cabo operaciones de asaltos aéreos en zonas donde hay personas confinadas, para garantizar su libertad de movimiento. “Estamos priorizando los asaltos aéreos sobre las zonas donde hemos evaluado que hay más personas confinadas”, añadió.
Mientras tanto, en el Cauca, los combates entre las disidencias de Iván Mordisco y el ELN generó el confinamiento de familias campesinas e indígenas. La Alcaldía de Inzá confirmó enfrentamientos en varias veredas, lo que exacerbó la crisis humanitaria en esa región también. Analistas catalogaron este conflicto como el mayor ataque guerrillero durante el Gobierno Petro. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de esta situación, que forzó a miles a abandonar sus hogares en busca de seguridad y paz.
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Grave situación en el Catatumbo
El Catatumbo, en Norte de Santander, enfrenta una situación de orden público sumamente compleja debido a los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. Estos enfrentamientos desencadenaron una ola de violencia que deja al menos 30 muertos, numerosos heridos y 70 familias desplazadas, según información de la Defensoría del Pueblo.
La defensora del pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación en redes sociales, afirmando que “lo que se está presentando en el Catatumbo es de extrema gravedad”. En su cuenta de X, Marín detalló: “Se reportan más de 30 personas muertas, según información en confirmación, al menos 5 firmantes de paz asesinados, 10 heridos, líderes han sido asesinados o se encuentran refugiados, secuestros, niños sin acompañamiento o personas con discapacidades fuertes sin poder huir, desplazamientos forzados, confinamientos, inclusive de profesores que se alistaban para el inicio de clases”.
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En medio de esta convulsión, el desplazamiento de familias y la inseguridad alcanzaron niveles alarmantes. Los confinamientos de comunidades enteras, incluyendo a niños y personas con discapacidades, ilustran la magnitud de la crisis. Profesores que se preparaban para el inicio de clases también se vieron obligados a refugiarse o abandonar sus lugares de trabajo por miedo a ser víctimas de la violencia.
La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de derechos humanos intensificaron sus llamados al Gobierno para que tome medidas urgentes que garanticen la seguridad de los habitantes del Catatumbo. Sin embargo, la respuesta del Estado es insuficiente para frenar el avance de los grupos armados ilegales y proteger a la población civil.
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