La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, elaboró en una columna una crítica contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por lo que considera el desmantelamiento del programa para la vivienda en Colombia ‘Mi Casa Ya’. Este programa, diseñado para facilitar el acceso a viviendas de interés social mediante subsidios para la cuota inicial y la tasa de interés, benefició a más de 300 mil familias durante su implementación, según cifras citadas por Valencia.
En su texto publicado en X, la parlamentaria caucana enfatiza que, en un país donde el 60,7% de los hogares aún no tiene vivienda propia y existe un déficit de 3,9 millones de viviendas. ‘Mi Casa Ya’ representaba una política pública indispensable. Sin embargo, denuncia que el gobierno de Petro ha realizado modificaciones que considera fallidas y, posteriormente, optó por suspender el programa. Para la senadora, esta decisión responde a un rechazo ideológico del gobierno hacia la participación del sector privado en la provisión de bienes y servicios públicos.
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El impacto de esta medida, asegura Valencia, va más allá del acceso a la vivienda. Tras la caída de los precios internacionales del petróleo en 2014, sectores como la construcción de vivienda y la infraestructura vial se convirtieron en pilares fundamentales para la economía colombiana. Durante el gobierno del expresidente Iván Duque, “Mi Casa Ya” alcanzó la entrega de hasta 67.000 subsidios anuales. En contraste, Valencia destaca que, bajo la administración de Petro, las ventas de vivienda han caído más del 30%, lo que ha provocado la pérdida de más de 80.000 empleos. Además, la venta de viviendas de interés social pasó de 173.000 unidades en 2022 a solo 100.000 d en el último año, una reducción del 42%.
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La senadora también rebate la explicación del presidente Petro, quien atribuyó el fin del programa a la falta de aprobación de una ley de financiamiento por parte del Congreso.
Según Valencia, el gobierno había venido debilitando el programa desde el año 2023. Recordó que, en febrero de ese año, advirtió sobre los obstáculos que se estaban imponiendo para la entrega de los subsidios. En mayo, organizó una audiencia pública con la entonces ministra de Vivienda, en la que se evidenció que muchas familias estaban perdiendo los ahorros destinados a las cuotas iniciales por la negativa del gobierno a cumplir con los subsidios. Hoy, asegura, más de 30 mil familias han desistido de adquirir vivienda debido a estas dificultades.
El presupuesto también refleja el debilitamiento del sector. Valencia señala que en el decreto presupuestal del gobierno se redujeron 1,1 billones de pesos al sector de vivienda. Esto, advierte, dificulta alcanzar las metas de 50 mil subsidios anuales y de 100 mil mejoramientos de vivienda para 2025. La situación afecta especialmente a los 1,2 millones de hogares colombianos que viven en condiciones indignas.
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Para la congresista, esta decisión es un ejemplo más del enfoque estatista del gobierno de Petro, que busca limitar la participación privada en sectores como la vivienda, la infraestructura, la energía y otros bienes públicos. Esta postura, asegura Valencia, ignora las dificultades que enfrenta el sector público para manejar funciones básicas y desestima el aporte crucial de las alianzas público-privadas, especialmente en infraestructura vial.
Según la senadora, el país ha avanzado significativamente en la construcción de vías 4G, con más del 70% de los proyectos completados, pero los proyectos de vías 5G muestran un avance inferior al 5%, lo que afecta más de 1.000 kilómetros de vías y representa costos de 9,4 billones de pesos.
El deterioro del sector constructor también es evidente en su contribución al PIB, que pasó de representar el 7,4% en 2016 al 4,1% en la actualidad. Para Valencia, esta caída refleja el impacto de las políticas del gobierno y sus consecuencias para la economía nacional. La senadora concluye con un llamado al gobierno para que recapacite y reconozca la importancia de la inversión privada en el desarrollo del país, advirtiendo que la destrucción de estos sectores afecta directamente a toda la población.
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El debate sobre el futuro de “Mi Casa Ya” y la política de vivienda en general se presenta como un punto clave en la agenda política y económica de Colombia, con implicaciones profundas para la estabilidad y el desarrollo del país.