Alfredo Saade rechazó la Ley Antirruido por ser una “mordaza” a los pastores: “Van a acabar con las iglesias”

El Senado de la República aprobó en último debate la Ley Antirruido, una medida que busca mitigar los efectos de la contaminación auditiva en Colombia. La norma, propuesta inicialmente por el representante a la Cámara José Daniel Carvalho, del Partido Verde, provocó divisiones en la opinión pública, especialmente en sectores religiosos y culturales. El debate se intensificó tras una acalorada discusión en el programa de Julio Sánchez Cristo entre el pastor Alfredo Saade, cercano al Pacto Histórico y posible candidato a la presidencia, y el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal.

La ley propone regular los niveles de sonido en diferentes zonas del país, con el objetivo de reducir conflictos relacionados con el exceso de ruido, una problemática que, según datos de la Policía Nacional, genera un alto volumen de denuncias ciudadanas. Para sectores como el liderado por el pastor Saade, la iniciativa —que solo falta que sea firmada por el presidente Gustavo Petro— es vista como una amenaza a prácticas culturales y religiosas tradicionales.

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Saade argumentó que ya existen normativas en el Código Nacional de Policía para sancionar los excesos de ruido, lo que haría innecesaria esta nueva legislación. “Como caribeños y cachacos, sabemos que hay costumbres ancestrales que producen alegría en ciertos barrios”, expresó, refiriéndose a actividades populares como el uso de los sistemas de sonido “pico” y otras expresiones culturales. Asimismo, destacó que la ley podría impactar negativamente a los pastores que predican en espacios públicos debido a la falta de templos físicos.

“No les permitirían salir a predicar, lo que representaría un gran desgaste para la Policía con las constantes denuncias por ruido, incluso de vendedores ambulantes”, añadió.

Por su parte, Juan Carlos Losada defendió la necesidad de la normativa, asegurando que busca regular el ruido para mejorar la convivencia y garantizar la paz social. Según el congresista, el objetivo de la ley no es atacar a las iglesias o a los predicadores callejeros, sino establecer límites claros para evitar que el ruido se convierta en una fuente de conflictos. “Todos tenemos la responsabilidad de respetar la tranquilidad y la paz de los demás”, afirmó.

Argumentos encontrados entre los líderes

El pastor Alfredo Saade advirtió que la aplicación de la ley podría ser manipulada a nivel local, lo que, según él, llevaría al cierre de iglesias y a la restricción de las predicaciones callejeras. “Van a terminar cerrando iglesias, van a terminar cerrándole la boca a los pastores para que no prediquen la palabra de Dios, y eso es que lo que están buscando desde el Congreso de la República, poner la mordaza en los pastores para que no puedan salir a predicar la palabra de Dios”, declaró durante el debate.

El alcance de la Ley Antirruido no se limita a las actividades religiosas. También podría afectar otras prácticas culturales y económicas que dependen del uso de amplificación sonora, como los vendedores ambulantes y los eventos populares en las calles. En este sentido, la implementación de la ley plantea un desafío para las autoridades locales, que deberán establecer límites que equilibren el respeto a las tradiciones con la necesidad de preservar la tranquilidad de los ciudadanos, lo que también desató encuentros entre los líderes.

Juan Carlos Losada respondió tajantemente a estas afirmaciones, calificándolas como infundadas y “populistas”. “Eso se lo está inventando usted para enardecer a los pastores del país como si existiera una ley para perseguirlos”, afirmó. El legislador enfatizó que la ley incluye disposiciones para que las alcaldías y el Gobierno nacional definan reglamentaciones específicas adaptadas a las características culturales y sociales de cada región.

Aunque Losada aseguró que la ley no prohíbe de manera absoluta el ruido, sino que lo regula según las características de cada zona, los críticos como Saade consideran que las reglamentaciones podrían ser desproporcionadas o aplicarse de manera inequitativa, perjudicando principalmente a comunidades vulnerables.

Mientras tanto, Juan Carlos Losada y otros defensores de la ley han insistido en que esta no tiene un enfoque persecutorio, sino que responde a una problemática concreta identificada por las autoridades. “No es lo mismo la zona rosa de Bogotá que un barrio residencial en cualquier parte del país”, explicó el congresista liberal, resaltando la importancia de las reglamentaciones locales para garantizar que la ley sea justa y proporcional.