El Colegio de la Abogacía Colombiana presentó una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro, exigiendo medidas urgentes para garantizar la protección de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz, quienes enfrentan amenazas y violencia en Colombia.
El abogado y exprocurador Ernesto Amézquita explicó que la tutela no solo busca reforzar la seguridad de estos grupos vulnerables, sino también establecer un subsidio económico equivalente a un salario mínimo, así como un seguro de vida para los afectados y sus familias. Lo anterior, con el fin de garantizar su bienestar frente a atentados, desplazamientos y amenazas de cualquier naturaleza.
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La solicitud presentada en el departamento del Quindío enfatiza en la necesidad de proteger el derecho a la vida de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz, así como de sus familias.
La tutela también pide que el presidente Gustavo Petro, como jefe máximo de las Fuerzas Armadas y director de la administración pública, se haga responsable de capturar y procesar a los responsables de los ataques contra los líderes sociales y firmantes de paz. Además, exige priorizar políticas que reduzcan significativamente los índices de violencia contra este grupo vulnerable, para poner fin a la ola de asesinatos que ha golpeado a Colombia en los últimos años.
Así mismo, se pide garantizar la libertad de pensamiento, conciencia y libre locomoción en todo el país, especialmente en su labor de promover los derechos humanos, las garantías sociales y la paz.
“Pedimos que la protección vaya más allá de medidas simbólicas. Requerimos que se establezca un seguro de vida gestionado por el Estado, junto con un subsidio económico por el alto riesgo que enfrentan diariamente. También es crucial que se capture y sancione a los responsables de los asesinatos que persisten en Colombia”, afirmó Amézquita.
Una de las peticiones clave en la acción de tutela es la modernización del sistema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El abogado criticó duramente el actual sistema de protección, particularmente el uso del botón de pánico, que consideró insuficiente frente a las amenazas crecientes. Según Amézquita, es fundamental que la UNP implemente medidas técnicas y preventivas más avanzadas y efectivas.
“El botón de pánico no es una herramienta seria ni adecuada para proteger a estos defensores de derechos humanos. Necesitamos un sistema de protección que responda de manera eficaz a las amenazas”, destacó el exprocurador.
Con esta acción, el Colegio de la Abogacía Colombiana busca generar conciencia sobre la grave situación de riesgo que enfrentan miles de colombianos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz. Se espera que el Gobierno Nacional brinde una respuesta urgente para frenar esta alarmante problemática.
Líderes sociales y políticos en riesgo por grupos armados ilegales: dice informe de la MOE
En un contexto de creciente inseguridad para los líderes en Colombia, la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló que los hechos de violencia atribuidos a Grupos Armados Ilegales (GAI) experimentaron un aumento significativo en 2024.
Según el informe, se registraron 1.875 incidentes, lo que representa un incremento del 60,9% en comparación con el año anterior. Este fenómeno afecta principalmente a las zonas rurales de los departamentos de Cauca, Antioquia y Valle del Cauca, donde la violencia ha alcanzado niveles sin precedentes.
De acuerdo con la MOE, durante los primeros nueve meses de 2024, se documentaron 395 incidentes violentos contra líderes políticos, sociales y comunales en el país. Las amenazas constituyeron la mayoría de estos casos, con 205 reportes, seguidas por 108 asesinatos, 51 atentados y 27 secuestros.
Este año se posiciona como el cuarto con mayor número de agresiones desde 2016, lo que refleja un deterioro preocupante en las condiciones de seguridad para estos actores clave en el tejido social y democrático de Colombia.
El informe destaca un alarmante aumento en la violencia letal, que representa el 40,3% de los incidentes. Además, el secuestro ha alcanzado cifras récord, con un incremento del 145,5% respecto a 2023, siendo el tipo de agresión con mayor crecimiento desde 2016. Esta situación afecta principalmente a los liderazgos políticos y sociales, con una incidencia notable en las zonas rurales, donde se registró el 88,9% de los secuestros.
Cinco departamentos concentran el 52,9% de los hechos de violencia: Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Santander y Cauca. En estas regiones, la violencia letal tiene una alta incidencia, con Valle del Cauca y Cauca como los territorios más afectados en áreas rurales. Según la MOE, los liderazgos políticos fueron los más atacados, con un 46,1% de los casos, reflejando un aumento del 55,56% en comparación con 2020. Los liderazgos comunales también experimentaron un incremento significativo, con un 71,43% más de agresiones.
Entre tanto, los líderes sociales, aunque siguen siendo gravemente impactados, mostraron una disminución general del 37,77%. Esto sugiere dinámicas diferenciadas en los tipos de agresión y la respuesta de los grupos armados ilegales en distintas regiones, sin que esta sea la única variable que determine los patrones de afectación.