El 13 de diciembre, las autoridades colombianas capturaron a Hernando Manuel de la Cruz Rivera Orjuela, de 52 años, y a Luis Enrique Linero Pinto, de 40 años, acusados de tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.
También se les señala como responsables de la desaparición de un barco con cuarenta pasajeros y dos capitanes a bordo, ocurrido el 21 de octubre de 2023 tras zarpar desde la isla de San Andrés.
La orden de detención fue emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), que los vincula a una supuesta “operación transnacional de tráfico de personas”.
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El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, señaló que “gracias a la coordinación con nuestras fuerzas del orden nacionales e internacionales, hemos logrado el arresto de dos ciudadanos colombianos que, según se afirma, participaron en una operación de contrabando de personas que dio lugar a la desaparición de una embarcación en la que viajaban cuarenta inmigrantes”.
De acuerdo con las acusaciones, estos hombres se dedicaban a transportar migrantes desde la isla de San Andrés hacia Nicaragua. Desde allí, utilizaban diversas embarcaciones para llevarlos a países de América Central y México, desde donde los migrantes continuaban su viaje hacia Estados Unidos.
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Según el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos: “Rivera Orjuela y Linero Pinto aconsejaban a los migrantes cómo llegar a la isla de San Andrés, los recibían personalmente una vez llegaban, organizaban su alojamiento y los trasladaban a las embarcaciones que los llevaban a Nicaragua para que pudieran entrar ilegalmente en Estados Unidos”.
Además, el DOJ señaló que Linero Pinto habría estado involucrado en sobornos a miembros de la Armada Nacional de Colombia. Esto con el fin de obtener información sobre la ubicación de las patrullas fronterizas en San Andrés y Nicaragua, lo que les permitía evadir a las autoridades y garantizar el tránsito de los migrantes.
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Nicole M. Argentieri, viceasistente principal del Fiscal General y jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, señaló que los acusados están implicados en el embarque de varios migrantes en una embarcación que desapareció en las costas de Nicaragua en octubre de 2023.
Por su parte, Jaime Esparza, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, afirmó que los detenidos serán procesados por su participación en la desaparición de docenas de migrantes que tenían como destino Estados Unidos. Además, enfrentan otros cargos relacionados con las implicaciones del tránsito ilegal en el contexto de la lucha contra el tráfico de personas.
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Los acusados enfrentan cargos por conspiración para inducir a extranjeros a ingresar y residir ilegalmente en Estados Unidos, y por poner en peligro vidas humanas durante esa conspiración. Según las diligencias que se llevarán a cabo ante un juez del tribunal federal del distrito, de ser hallados culpables, podrían enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares.
El Departamento de Justicia, en asociación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), implementó desde mediados de 2021 una estrategia para contrarrestar las operaciones de organizaciones dedicadas al tráfico de personas en México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Sin embargo, debido al aumento de estas prácticas en más territorios del continente, en 2024 el departamento amplió este plan a países como Panamá y Colombia, con el objetivo de frenar el contrabando de migrantes en el corredor del Darién.
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Según la Fuerza de Tarea Conjunta Antitráfico (JTFA, por sus siglas en inglés), se han logrado 345 capturas dentro y fuera de Estados Unidos, incluyendo líderes de estas organizaciones criminales que facilitan pasos ilegales en condiciones de alta peligrosidad. Además, en territorio estadounidense se han registrado 290 sentencias condenatorias, la imposición de 240 penas de cárcel y la incautación de numerosos activos vinculados a estas actividades ilícitas.
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