La cultura colombiana es considerada “bulliciosa”, en la que la música a altos decibeles y el ruido hacen parte de la cotidianidad de muchos de sus ciudadanos, tanto en grandes ciudades, como en municipios medianos y pequeños.
Sin embargo, en la rama legislativa se movió la iniciativa de regular el exceso de ruido, en favor de disminuir los niveles de contaminación acústica que tiene fuertes consecuencias en la salud de los colombianos.
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En ese sentido, el Congreso de la República aprobó en último debate una nueva ley que busca establecer una Política de Calidad Acústica que pretende unificar y actualizar las normativas que hay en la ley colombiana existentes sobre el ruido.
Esta legislación, que fue aprobada en el Senado, tiene en sus principales objetivos el de endurecer las sanciones para quienes infrinjan las normas de ruido.
El proyecto de ley, liderado por el representante a la Cámara Daniel Carvalho, del partido Verde Oxígeno, fue el resultado de más de dos años de trabajo en colaboración con ciudadanos, expertos e instituciones, de acuerdo a lo que informó el mismo congresista.
Según Carvalho, en el país resultaba necesario reorganizar las 17 leyes nacionales que actualmente regulan el ruido, las cuales estarían dispersas y eran confusas.
“¡Estamos felices! Hoy el @SenadoGovCo aprobó en último debate la #LeyContraElRuidoYA. Un gran paso hacia territorios más serenos y saludables. Mi reconocimiento y agradecimiento al asesor y coordinador de este proceso @camiloquinterg. (...) Gracias infinitas a todas las personas que apoyaron esta iniciativa que transformará la vida de millones de colombianos. ¡Seguiremos trabajando para garantizar su cumplimiento en todo el país!”, escribió el representante en su perfil de X.
Desde 2006, Colombia ha establecido límites máximos de emisión de ruido para diferentes sectores, como el residencial, industrial y comercial, variando entre el día y la noche, según la hora. Sin embargo, un cuarto de la población urbana en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali está expuesta a niveles de ruido que superan estos límites, según el proyecto de ley.
En zonas residenciales, para ilustrar, está prohibido sobrepasar los 65 dbA durante el día, y 55 en la noche (decibelios ponderados A). Pero en ciertas zonas, aunque residenciales, el tráfico, las motocicletas con escapes modificados y las festividades son algunas de las fuentes de ruido que contribuyen a esta problemática.
Cómo funcionaría la ley
El abogado Camilo Quintero, parte del equipo de trabajo de Carvalho, destacó que la nueva ley busca solucionar la falta de herramientas de las autoridades para controlar el ruido. La normativa prevé que en un año el Gobierno Nacional, a través de varias entidades, expida una política de calidad acústica que armonice las normas dispersas en resoluciones, decretos y leyes.
“Los ciudadanos afectados afirman que enfrentan una especie de ‘ruta de la muerte’ a la hora de denunciar, porque envían las quejas a distintas dependencias y nadie responde”, dijo, en entrevista con el reconocido diario El País.
En ese orden de ideas, la iniciativa contempla que, además, el Ministerio de Ambiente tenga un año y medio para revisar y actualizar los niveles máximos de ruido definidos en 2006. Las nuevas normas deberán incluir indicadores para evaluar la contaminación acústica, mapas estratégicos de ruido y la definición de zonas acústicamente saturadas.
Las alcaldías de poblaciones con más de 100.000 habitantes tendrán un año y medio para elaborar un plan de acción para gestionar el ruido en sus territorios. La ley también abre la puerta a medidas especiales para personas en el espectro autista, quienes son especialmente sensibles al sonido.
Carvalho, explicó que la ley también proporciona a las autoridades más herramientas para imponer sanciones. “Esto le da más facultades a la Policía en términos sancionatorios para poder multas a esos ciudadanos, igualmente a las Alcaldías les da las herramientas y la obligación de controlar este tipo de fenómenos. Cada entidad territorial, en función de lo que ellos consideren ruido, deberá abordar el fenómeno”, afirmó en diálogo con RCN Radio.
Sobre la definición de qué se considera ruido y cómo abordarlo, lo que ha suscitado preocupaciones entre algunos congresistas. El senador Juan Felipe Lemos advirtió que la normativa podría complicar la realización de eventos culturales musicales, al crear trámites adicionales y dejar la decisión de otorgar permisos a la subjetividad de los funcionarios locales.
No obstante, subrayó que la ley no busca prohibir las fiestas comunitarias, sino controlar el ruido excesivo que pueda alterar la tranquilidad de los vecinos. “El problema es que un solo vecino saque un parlante y dañe la calma de todo un barrio”, puntualizó.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, se creará un subsistema de vigilancia de calidad acústica que proporcionará datos en tiempo real sobre los niveles de ruido. Las multas por alterar la tranquilidad de un barrio se duplicarán una vez que el presidente Gustavo Petro sancione la ley, extendiéndose a sectores residenciales, urbanos y rurales. La implementación de estas medidas tomará aproximadamente dos años, según Quintero.