En el barrio Antonio Nariño de la comuna 13 de Medellín, una familia venezolana fue víctima de amenazas y extorsión que culminaron en su desplazamiento forzado.
Según explicaron en Teleantioquia Noticias, el incidente comenzó cuando un vecino lanzó insultos xenófobos hacia tres hermanos venezolanos, una joven con su bebé y su esposo colombiano, mientras estaban fuera de su residencia. Al parecer, la situación escaló rápidamente, resultando en amenazas de muerte y exigencias económicas para recuperar sus pertenencias.
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Y es que este caso se suma a los 1.149 desplazamientos forzados intraurbanos registrados este año en Medellín, según explicaron desde la Personería.
De hecho, el mismo medio señaló que las amenazas se intensificaron cuando el hijo del vecino advirtió a la familia que debían abandonar su hogar en dos días o enfrentarían la muerte. Además, les exigieron un millón de pesos por cada una de las motos que tenían estacionadas en la acera, propiedad de dos miembros de la familia.
Ante la gravedad de las amenazas, algunas de las víctimas decidieron denunciar lo sucedido ante las autoridades.
Así las cosas, los agentes acudieron al lugar y encontraron a Juan David Pulido Peña y Jhonatan Steven Téllez Cano intentando forzar la puerta de la vivienda. Ambos fueron arrestados y posteriormente recibieron medida de aseguramiento en un centro carcelario, acusados de ser partícipes en las amenazas y extorsiones contra la familia.
De igual forma, la familia afectada fue escoltada por la Policía al abandonar el barrio, en un intento por garantizar su seguridad.
Y es que no es casualidad que múltiples familias venezolanas estén radicadas en la capital antioqueña. Por ejemplo, según quedó estipulado en el informe Integración socioeconómica de la población migrante en Colombia de Medellín Cómo Vamos, llevado a cabo en febrero de 2024, la Ciudad de la Primavera y su área metropolitana están entre las favoritas para quienes vienen del país vecino.
Los datos de tal informe dan cuenta de que en Antioquia habitaban para ese momento casi trescientos mil migrantes venezolanos, así como que otras de las ciudades más apetecidas son Bogotá, Barranquilla y Cali, que registran mayor número de migrantes recibidos.
Medellín es una de las ciudades más apetecidas por los venezolanos
A su vez, la directora de Medellín Cómo Vamos, Mónica Ospina, generó una serie de recomendaciones para que quienes gobiernan los territorios incluyan a ese grueso de ciudadanos en las políticas de territoriales; ya que aunque se les tiene en cuenta, aún hacen falta proyectos y planes concretos para que se perciba la inclusión real.
‘’La integración económica de la población migrante puede contribuir a la superación de la vulnerabilidad de las familias venezolanas en Colombia (...) A través del acceso efectivo a oportunidades de trabajo decente, bien sea como empleados o como emprendedores, la población venezolana podrá satisfacer sus necesidades de manera autónoma, evitando la dependencia de la asistencia que brinda el sistema de protección social colombiano’'.
Según el organismo de medición, el 82% de los migrantes que llegan a la capital de Antioquia y son mayores de 15 años tienen la intensión de quedarse, y el promedio de la población migrante es de 26 años, lo cual los posiciona por debajo del promedio de habitantes de Medellín, que es de 37 años.
Además, “los hogares con jefatura venezolana son, en promedio, de mayor tamaño que el resto de la población, 3,3 personas vs. 2,8, respectivamente”.
Es importante anotar que en ese documento se dejó en claro además que los migrantes trabajaban en promedio 49 horas a la semana, lo cual supera el límite que está reglamentado por la ley en Colombia “tres horas más que el resto de los habitantes de la capital de Antioquia”.
Sumado a esto, cerca de 75.000 personas no habrían tenido a la mano un permiso de trabajo lo que incrementa la cantidad de contratados extranjeros que laboran en la ilegalidad, mientras que el ingreso laboral promedio de un trabajador venezolano es de $1.096.742, lo cual equivale a un 25% menos de un trabajador habitante de Medellín.
Según el estudio, el mayor problema de integración económica de la población migrante es su acceso limitado al mercado laboral formal, alcanzando un 32% de formalidad.