El extenso mensaje en sus redes sociales del presidente de la República, Gustavo Petro, en el que pidió la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solicitud a la que el funcionario accedió, y dejó varios temas en consideración de la opinión pública. Uno de ellos, a juzgar por las palabras que empleó el jefe de Estado para hacer una última defensa de su funcionario, antes de oficializar su intención de que abandone el Gobierno, se refiere a un viejo, pero recurrente proyecto del mandatario.
Petro volvió a encender las alarmas por lo que sería la intención de convocar a un constituyente por decreto, al apuntar con acusaciones contra el Congreso: al que culpó de la situación por la que atraviesa uno de sus hombres más cercanos. Pese a que, por otro lado, solo tomó la decisión de que Bonilla se desligara de su administración después de que se conociera que el ministro, en uso de sus facultades como ciudadano, diera traslado a la Fiscalía de una delicada denuncia.
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La misma que involucra a Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del jefe de Estado, y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, con presuntas injerencias en el proyecto de la hidroeléctrica de Urrá, de la que la nación es principal socia. Fue hasta entonces, y no antes, cuando había delicados testimonios que salpicaban a su ministro de Hacienda, como el de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd),
¿Gustavo Petro amenaza con una constituyente por decreto?
En su extenso mensaje en su perfil de X, hubo un aparte que no pasó desapercibido y que dio pie para que empezaran a surgir una serie de posturas. Una de ellas, para Petro, es que su saliente ministro fue víctima de una extorsión generalizada por parte de un grupo de congresistas, con lo que, aparte de reconocer que podría haber incurrido en delitos por su ingenuidad, también lanzó su intención de que, en caso de que sea necesario, usará “la Constitución”.
“No voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones, y porque usaré la Constitución si el Congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional, porque mi deber es ayudar con todo a la gente que trabaja y estudia, y no arrodillarme ante quienes sirven los más poderosos intereses de la codicia y la insensibilidad con los humildes”, expresó Petro en uno de los apartes de esta declaración, que deja abiertas una serie de inquietudes.
Cabe destacar que, el presidente de la República está facultado, por la Constitución Política, a declarar, si así lo considera, el estado de conmoción interior: al invocar el artículo 213 de la Constitución Política. En otras palabras, una medida excepcional por 90 días diseñada para estabilizar la seguridad del Estado en momentos de grave perturbación del orden público y que además otorga “poderes especiales” al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley y suspender leyes.
Y es que, de acuerdo con el primer mandatario, el error de Bonilla es, sin lugar a duda, “la ingenuidad académica”, y “pensar que todos tienen la misma altura intelectual”. Aunque también dio de qué hablar al afirmar que el exfuncionario del Gobierno es uno más en la lista de ministros que han sido chantajeados y extorsionados desde el legislativo. “El congresista también cree que es normal, que es obvio, pues así se ha hecho siempre la política, dicen”, agregó.
La persistencia –desde los sectores de oposición– es que la intención de Petro es propiciar un estado de las cosas en el que pueda firmar una serie de decretos, con los que, además de decisiones en lo que concierne al poder legislativo, incluso busque prolongar su mandato. Pese a que el mandatario en ocasiones anteriores ha negado tales teorías, este nuevo mensaje generó inquietud por la forma en la que acudiría a la Carta Magna para, según él, defender la legitimidad de su Gobierno.
Todo este escenario de ataques de Petro al Congreso contrasta con que en el Senado tiene la bancada más grande, como la del Pacto Histórico, y en la Cámara de Representantes ha logrado darle trámite a las reformas más importantes. Así como sus constantes versiones sobre un golpe de Estado en su contra, sin presentar evidencias claras sobre la forma en la que se estarían fraguando estos planes, hacen que esté en entredicho su compromiso con el respeto a la separación de poderes.