La presencia de la comunidad embera en Bogotá generó todo tipo de reacciones a favor y en contra de las instituciones del Gobierno local y la Nación. El lunes 25 de noviembre se registró la llegada de más de 4.000 indígenas desde Risaralda a la capital con el fin de hacer escuchar sus necesidades en el territorio. El personero de Pueblo Rico, municipio de la Perla del Otún, Danilo Mejía, aseguró a Blu Radio que este movimiento masivo se debió a que los compromisos hechos con la comunidad no se cumplieron.
Ante la presencia de los ciudadanos en la capital, el alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que el distrito no tenía responsabilidad alguna en este caso y que correspondía a la Nación hacerse cargo de garantizar los derechos del pueblo embera para que no se movilizara hasta Bogotá.
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Según escribió en su cuenta de X: “Claro que esta situación genera un problema en Bogotá, pero la responsabilidad de resolverlo de fondo es del Gobierno Nacional”. Galán también afirmó que era importante concluir el proceso de retorno a territorios entre 2024, luego de que se conociera que en noviembre y diciembre no “habría más esfuerzos” de transporte de las comunidades.
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Según sostuvo el mandatario local, “cerca del 80% de las comunidades desean regresar a sus territorios”.
Y en esta línea, Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito, llamó la atención de la directora de la Unidad de Víctimas, Lilia Solano, con el fin de que tomara responsabilidad en este caso.
Según se puede leer en la misiva, Bogotá está acompañando a 163 familias en la sostenibilidad de las mismas en su territorio con el fin de “hacer seguimiento a los compromisos adquiridos”. Pero, la consejera escribió que el proceso “se ve amenazado por la incertidumbre y la falta de respuestas respecto al proceso de reubicación de las más de 130 personas alojadas transitoriamente en distintos albergues del distrito”, pues dicho alojamiento tenía límite el 8 de noviembre, tiempo en el que la gestión de la capital debía reubicar a las familias.
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Además, la falta de recursos para dar una atención humana a la comunidad hizo que la consejera solicitara a la directora de la unidad que la entidad asuma los “costos correspondientes al alojo transitorio mientras se materializan los procesos de reubicación”.
¿Qué respondió la Unidad de Víctimas?
Ante esta situación, y otras críticas que recibió la Unidad de Víctimas, por medio de un comunicado, la entidad dio a conocer que no hubo participación de esta en el traslado de personas embera desde Risaralda a Bogotá, así como los objetos con los que se han instalado en la capital. Asimismo, la unidad indicó que solo realizan aportes económicos para transporte cuando se trata de “retornos a sus territorios, reubicaciones e integración local, bajo los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad”.
Según indicaron en el comunicado, “la llegada de la minga del Consejo Regional Indígena de Risaralda (Crir) a Bogotá, para lograr una interlocución con el Gobierno nacional, es una oportunidad para enfrentar los problemas estructurales que impiden generar una vida digna en sus territorios”. Asimismo, la unidad afirmó que la asistencia humanitaria se hace efectiva a familias “incluidas en el Registro Único de Víctimas por el hecho de desplazamiento”.
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También recordó que la presencia masiva de la comunidad se debe al “tejido social cultivado por los pueblos ancestrales”, por lo que es importante aclarar que buscan su bien común.
Finalmente, y mientras los indígenas embera esperan atención para el cumplimiento de las promesas hechas tanto con la Alcaldía de Bogotá como con el Gobierno nacional, la unidad llamó a los ciudadanos a no “proliferar mensajes racistas” contra la comunidad por buscar igualdad.