La confesión de Estados Unidos sobre el programa espía Pegasus podría generar una fuerte tensión internacional: Gustavo Petro no quedaría bien parado

Desde el mes de septiembre, cuando el presidente Gustavo Petro acusó a su predecesor, Iván Duque, por la supuesta compra ilegal del software de espionaje a través de dineros ilícitos, la palabra Pegasus se ha mantenido en la agenda pública nacional, siempre con nuevos datos que quedan al descubierto.

De hecho, el último capítulo se dio este viernes 8 de noviembre, cuando fuentes autorizadas del gobierno de Estados Unidos confirmaron a El Tiempo que aportaron dineros para que Colombia adquiriera el programa de forma secreta y sin dar por enterado al expresidente Iván Duque.

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La revelación de que Estados Unidos financió la compra de Pegasus transformó el escándalo en un boomerang para Petro, que inicialmente parecía haber encontrado un respiro en medio de su baja popularidad y las dificultades para avanzar con sus reformas.

Según una reciente publicación de la revista Cambio, fuentes de inteligencia colombiana y de la Casa Blanca, en Estados Unidos, aseguraron que la operación de Pegasus en Colombia se llevó a cabo con el objetivo de combatir el narcotráfico, y fue clave para localizar a alias Otoniel, líder del Clan del Golfo.

Pero, a pesar de las aclaraciones, el uso de Pegasus sigue generando preguntas. Expertos en inteligencia y cooperación internacional, consultados por la revista, coincidieron en que el uso de herramientas como Pegasus es común en acuerdos de inteligencia entre países. Sin embargo, la falta de transparencia sobre su implementación en Colombia ha dejado un mar de contradicciones.

El escándalo también ha puesto en el centro de la discusión la soberanía de Colombia. Petro ha exigido respeto a las normas colombianas, argumentando que las operaciones de inteligencia deben cumplir con las leyes nacionales.

Además, no se descarta una fuente tensión en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, pues la declaración del país norteamericano se da dos meses después de que Petro afirmara que el gobierno anterior utilizó el programa para perseguir opositores y cometer otros delitos graves.

Incluso, las fuentes de la Casa de Nariño confirmaron a Cambio que el presidente se enteró de la financiación por parte de Estados Unidos entre la última semana de octubre y la primera de noviembre, a pesar de que Gustavo Petro rompió el acuerdo de confidencialidad internacional hace 60 días y generó toda una polémica internacional.

De hecho, el software Pegasus ha sido objeto de controversia en varios países por su uso en espionaje. En Colombia, el tema cobró relevancia cuando Petro rompió el silencio sobre el paro camionero para denunciar el supuesto espionaje. A pesar de las acusaciones, fuentes estadounidenses aseguraron que la transacción fue legítima y que Duque no estaba al tanto de los detalles operativos.

El caso Pegasus ha dejado a varios actores en una posición incómoda. El general Jorge Luis Vargas y el expresidente Duque enfrentan cuestionamientos por su silencio y desconocimiento del tema, respectivamente. Mientras tanto, las explicaciones de Estados Unidos han sido consideradas insuficientes, alimentando un clima de desconfianza.

En última instancia, el escándalo parece haber dejado a Petro en una situación complicada, pasando de ser una presunta víctima de espionaje a un líder que generó un escándalo sin pruebas concluyentes. Según los expertos, es improbable que se llegue a una verdad definitiva, dejando el asunto en un limbo de acusaciones cruzadas.

Y es que las versiones entregadas por el gobierno norteamericano no dan detalles definitivos. De hecho, las fuentes consultadas por el medio nacional concluyen en que las partes que intervinieron en la compra nunca tuvieron la información completa del proceso, por lo que existen diferentes versiones sobre lo que ocurrió con ese programa espía.

Además, Estados Unidos habló de que el software se suspendió en 2022 cuando se hallaron irregularidades en su uso. Sin embargo, actualmente no existen procesos ni condenas en ese país por los malos manejos, a pesar de que las políticas de inteligencia norteamericana son robustas y exigen fuertes sanciones contra los acusados.