La Misión de Observación Electora (MOE) solicitó el jueves 7 de noviembre de 2024 al Senado de la República el archivo del proyecto de Acto Legislativo número 17, que se ha hecho famoso por darle vía libre al transfuguismo en Colombia, debido a que, en concepto de esta organización, “desconoce el espíritu de la Constitución Política de 1991″ y representa un retroceso frente a los avances en materia política que se han registrado en el país desde su promulgación.
Según el informe presentado por Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, el proyecto, en particular, afectaría la institucionalidad de los partidos políticos al permitir que un miembro de una corporación pública pueda cambiar de partido una sola vez durante el cuatrienio. Este cambio, enfatizó el veedor, “debilitaría a esas organizaciones políticas”, pues individualizaría el ejercicio de la política, con la inclusión de un parágrafo transitorio al artículo 107 de la Carta Magna.
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Y, un aspecto no menor, pondría en riesgo la definición de que la curul pertenece al partido y no al candidato. Teniendo en cuenta este punto, la entidad sostuvo que esto también generaría “una irresponsabilidad del elector frente a sus votantes”, pese a la férrea defensa que han hecho la senadora María José Pizarro y el representante a la Cámara David Racero, ambos del Pacto Histórico, que han denominado la idea como un impulso hacia la “libertad política”.
¿Qué propone el polémico proyecto?
Cabe destacar que, la proposición contempla que las listas de candidatos en corporaciones públicas deben estar cubiertas con el número de curules a proveer, lo que podría poner en aprietos a los partidos políticos minoritarios, que a menudo no cuentan con suficientes liderazgos para cubrir estas vacantes. “Amenazando así con esa capacidad de postularse y sus derechos políticos”, expresó Muñoz en su pronunciamiento.
Otro punto que genera controversia es que se eliminaría el 15% de la participación que fue inicialmente designada, para facilitar las coaliciones entre colectividades minoritarias; lo que imposibilita así un proyecto común y que promueva el beneficio a partir de alianzas estratégicas. “Desnaturaliza esta figura que fue creada para que los partidos políticos minoritarios pudieran coaligarse”, destacó Muñoz.
Para la Misión de Observación Electoral, la función del Congreso de superar el umbral establece, sin duda, un atentado contra la autonomía de las organizaciones políticas y su capacidad de autodeterminación. “El llamado que hace la misión de observación Electoral es que el Senado de la República deseche este proyecto”, pues el mismo es personalista y fragmentario.
Y reiteró que las “nuevas reglas”, en lo que respecta al umbral mínimo para cada partido, es un atentado contra la autonomía de estas organizaciones. Además, que trae consigo un desafío adicional en cuanto a la autodeterminación de los mismos y su capacidad de desarrollar sus proyectos políticos de forma independiente y, lo que no es ajeno a la crítica hacia el articulado, en un entorno claramente desfavorable: pues podría –en últimas– desincentivar la participación política.
Por su parte, la MOE sugirió en su pronunciamiento que el proyecto que fue aprobado en el segundo debate en la Cámara de Representantes sería el más adecuado para la realidad política del país, porque abordaría el tema de la democracia interna de manera sistemática, con lo que se cubrirían asuntos claves como el sistema de partidos, la financiación electoral, la autoridad electoral y las corporaciones públicas.
“Es el momento para que el sistema político colombiano reciba una mirada crítica y se trabaja hacia la mejora”, puntualizó la MOE, que con ello hizo un fuerte llamado al Senado para que el proyecto sea analizado en profundidad.