El coronel Daniel Gutiérrez, que se desempeña como director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), anunció en entrevista con RCN Radio, que se implementarán medidas de seguridad adicionales en las 125 cárceles del país durante el fin de semana de Halloween. El coronel explicó que, aunque se permitiría el ingreso de menores de edad para visitar a sus familiares, se realizarían exhaustivas revisiones de los elementos que llevaran consigo.
Gutiérrez explicó que “podemos hablar que aproximadamente en un fin de semana pueden ingresar alrededor de 22.000 personas como visitantes”, lo que aumenta la necesidad de tomar precauciones. En este sentido, recordó a los directores de las cárceles en todo el país que deben reforzar las medidas de seguridad. También enfatizó que, aunque los niños pueden ingresar, es crucial tener en cuenta los posibles riesgos asociados con los dulces, mencionando la posibilidad de que estos pudieran estar contaminados.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
Este anuncio resaltó el compromiso de la entidad por garantizar la seguridad tanto de los internos como de los visitantes, especialmente en momentos de festividades en las que el flujo de personas se incrementa considerablemente. La estrategia de seguridad se diseñó para mitigar cualquier riesgo y asegurar que las celebraciones se llevaran a cabo de manera segura dentro de las instalaciones penitenciarias.
Así mismo, durante la jornada del viernes 1 de noviembre, se llevaron a cabo operativos de seguridad en la cárcel de Cúcuta, específicamente en el pabellón de reclusión especial. Estas acciones fueron anunciadas previamente por el director del Inpec como parte de las medidas de control que se implementaron en todo el país durante las festividades de Halloween. En el transcurso de estos operativos, se realizaron exhaustivas inspecciones que resultaron en el hallazgo de una cantidad significativa de objetos y sustancias prohibidas.
Las autoridades encontraron un total de 10,22 kilos de sustancias estupefacientes, lo que pone de manifiesto la gravedad del problema del narcotráfico dentro de las instituciones penitenciarias. Además, se confiscaron alrededor de 500 litros de bebidas alcohólicas. La intervención también resultó en la incautación de dinero en efectivo, que podría estar relacionado con actividades ilícitas que se desarrollan al interior de la cárcel.
De igual forma, se hallaron 15 armas cortopunzantes, lo que generó preocupación sobre la seguridad tanto de los internos como del personal de la penitenciaría. Junto a estos elementos, se recuperaron múltiples celulares, cargadores y cables USB, así como 120 tarjetas SIM, todos elementos que violan las normas penitenciarias y que facilitan la comunicación clandestina de los reclusos con el exterior.
Polémica en La Picota por la muerte de cinco reclusos
El personero Andrés Castro Franco expresó su profunda preocupación por el alarmante aumento en el número de muertes que ocurrieron recientemente en la cárcel de La Picota. En su intervención, detalló que, de acuerdo con estadísticas proporcionadas por la policía judicial, durante septiembre y en lo que transcurrió de octubre de 2024, cinco internos perdieron la vida, lo que se atribuía a posibles fallos en la atención médica que recibieron en el establecimiento.
En la misiva que Castro Franco envió a la Superintendencia Nacional de Salud, se resaltó que estas trágicas muertes podrían estar vinculadas a deficiencias significativas en la respuesta ante emergencias médicas y a la falta de recursos esenciales que son necesarios para garantizar la salud de los internos.
El documento también destacó que la Personería de Bogotá recibió, a lo largo de este año, un total de 288 quejas formales que estaban relacionadas con la calidad de la atención en salud en La Picota. Estas quejas reflejaban la insatisfacción de los internos y sus familias con los servicios médicos brindados en la institución, lo que intensificaba la preocupación por la situación de salud dentro del penal.
A medida que se investigó la situación, se hizo evidente que la gravedad del problema se había intensificado desde el 1 de agosto. Durante este periodo, se registraron 67 quejas, específicamente contra Salud Central UT, el operador encargado de la prestación de los servicios médicos en el penal.