En medio de la anticipación por la fijación del salario mínimo en Colombia para 2025, el debate entre empresarios y trabajadores sigue generando expectativas y posturas contrastantes.
Desde el sector empresarial, se sugiere un aumento en torno al 6%, ligeramente superior a la inflación proyectada del 5,5%, una cifra que consideran equilibrada para mantener el poder adquisitivo sin desestabilizar los costos laborales.
Con este ajuste, el salario mínimo se ubicaría en $1.378.000, con un incremento de $78.000 y una actualización en el subsidio de transporte que alcanzaría los $171.720.
Por su parte, los sindicatos y asociaciones de trabajadores piden un aumento en el rango de dos dígitos, proponiendo un ajuste de hasta el 15,4 %. Esta cifra elevaría el salario mínimo mensual a alrededor de $1.500.000, una cantidad que, en conjunto con el subsidio de transporte, totalizaría unos $1.671.720.
Sin embargo, los empresarios consideran que un ajuste de este nivel sería difícil de asumir y podría presionar los costos laborales de manera significativa, especialmente considerando los efectos de la reforma laboral, que podría incrementar los costos empresariales hasta en un 35 %.
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El Gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha subrayado la importancia de equilibrar el ajuste salarial con la inflación y la productividad laboral, factores que consideran esenciales en la negociación para proteger tanto el poder adquisitivo de los trabajadores como la estabilidad empresarial.
Sin concertación a la vista para el salario mínimo de 2025, prevén decreto
Aunque en años anteriores esta negociación se extendía a lo largo de noviembre y diciembre, en esta ocasión algunos sectores estiman que la resolución podría llegar antes, en lo que sería un ajuste decidido por decreto como una solución política expedita.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, fue uno de los primeros representantes del sector empresarial en alzar la voz al respecto. En sus declaraciones, señaló que “este año somos muy pesimistas” en cuanto a un acuerdo con el Gobierno, debido a la percepción de que el Ministerio de Trabajo, liderado por la ministra Gloria Inés Ramírez, ya que “mostraron el talante de no gustarle la concertación”, una postura que consideraron evidente en el reciente proyecto de reforma laboral.
En conversación con La FM, el dirigente gremial expresó su descontento y mencionó que “prácticamente no hay nada qué concertar, ni hay buen ambiente para lograr un acuerdo de salario mínimo”, destacando la falta de disposición hacia un diálogo constructivo. Explicó que un aumento demasiado alto podría afectar la competitividad empresarial y desencadenar una pérdida de puestos de trabajo, lo cual le preocupaba profundamente por el impacto que tendría en la economía y en la generación de empleo.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), compartió una postura similar y expresó su frustración ante la falta de consenso. “Nosotros siempre vamos con ánimo de concertar, pero para bailar se necesitan dos”, señaló Bedoya, aludiendo a la actitud del Ministerio de Trabajo. El líder gremial consideraba que el proceso de la reforma laboral, promovido de manera apresurada y sin considerar las posiciones del sector productivo, había sido perjudicial para el ánimo de la concertación.
“Con lo que ha hecho la ministra con la reforma laboral, tratando de sacarla a pupitrazos y sin concertación, al menos con los que representamos a los generadores de empleo, pues francamente el ánimo para esta concertación no es el mejor”, concluyó Bedoya.
El dirigente gremial también hizo énfasis en el tono utilizado por algunos ministros cuando se referían a quienes impulsaban el empleo en el país. Según explicó, en las últimas semanas esta actitud se reflejó de manera clara con la exclusión de artículos laborales relacionados con el sector agrícola durante el debate sobre la reforma de este sector, una medida que consideraba perjudicial y reveladora de una postura distante frente a los intereses del empresariado.
Además de analizar las cifras relacionadas con el salario mínimo de 2025, los empresarios comenzaron a evaluar las posibles consecuencias que traería la reforma laboral, cuya discusión se retomaría pronto en la Comisión Séptima del Senado. Rodolfo Correa, presidente de Acopi, advirtió que un aumento del salario mínimo por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumado a los costos de implementar la reforma laboral y una posible reforma tributaria, podría comprometer seriamente la estabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas del país.