Los gremios empresariales expresaron su convicción de que el ajuste al salario mínimo de 2025 finalmente se establecería a través de un decreto gubernamental. A medida que octubre llega a su fin y faltan pocos días para el inicio de noviembre, el tema del aumento del salario mínimo empezaba a generar discusión y opiniones encontradas en la esfera pública, en especial por la posibilidad de que el aumento se decidiera de forma unilateral.
Aunque en años anteriores esta negociación se extendía a lo largo de noviembre y diciembre, en esta ocasión algunos sectores estiman que la resolución podría llegar antes, en lo que sería un ajuste decidido por decreto como una solución política expedita.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, fue uno de los primeros representantes del sector empresarial en alzar la voz al respecto. En sus declaraciones, señaló que “este año somos muy pesimistas” en cuanto a un acuerdo con el Gobierno, debido a la percepción de que el Ministerio de Trabajo, liderado por la ministra Gloria Inés Ramírez, ya que “mostraron el talante de no gustarle la concertación”, una postura que consideraron evidente en el reciente proyecto de reforma laboral.
En conversación con La FM, el dirigente gremial expresó su descontento y mencionó que “prácticamente no hay nada qué concertar, ni hay buen ambiente para lograr un acuerdo de salario mínimo”, destacando la falta de disposición hacia un diálogo constructivo. Explicó que un aumento demasiado alto podría afectar la competitividad empresarial y desencadenar una pérdida de puestos de trabajo, lo cual le preocupaba profundamente por el impacto que tendría en la economía y en la generación de empleo.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), compartió una postura similar y expresó su frustración ante la falta de consenso. “Nosotros siempre vamos con ánimo de concertar, pero para bailar se necesitan dos”, señaló Bedoya, aludiendo a la actitud del Ministerio de Trabajo. El líder gremial consideraba que el proceso de la reforma laboral, promovido de manera apresurada y sin considerar las posiciones del sector productivo, había sido perjudicial para el ánimo de la concertación.
“Con lo que ha hecho la ministra con la reforma laboral, tratando de sacarla a pupitrazos y sin concertación, al menos con los que representamos a los generadores de empleo, pues francamente el ánimo para esta concertación no es el mejor”, concluyó Bedoya.
El dirigente gremial también hizo énfasis en el tono utilizado por algunos ministros cuando se referían a quienes impulsaban el empleo en el país. Según explicó, en las últimas semanas esta actitud se reflejó de manera clara con la exclusión de artículos laborales relacionados con el sector agrícola durante el debate sobre la reforma de este sector, una medida que consideraba perjudicial y reveladora de una postura distante frente a los intereses del empresariado.
Además de analizar las cifras relacionadas con el salario mínimo de 2025, los empresarios comenzaron a evaluar las posibles consecuencias que traería la reforma laboral, cuya discusión se retomaría pronto en la Comisión Séptima del Senado. Rodolfo Correa, presidente de Acopi, advirtió que un aumento del salario mínimo por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumado a los costos de implementar la reforma laboral y una posible reforma tributaria, podría comprometer seriamente la estabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas del país.
“Aumentar el salario mínimo por encima del IPC y sumarle a eso los costos de la reforma laboral y lo que implica una eventual reforma tributaria pondría en serios compromisos de estabilidad financiera a las Pyme del país”, declaró Correa, subrayando la complejidad del panorama para las Mipyme.
Respecto al monto exacto que debería aplicarse en el ajuste del salario mínimo, los gremios se mostraban aún cautelosos y evitaban ofrecer una cifra concreta. Aunque es demasiado pronto para conocer el valor definitivo del incremento, en Acopi sí señalaron que, en su opinión, el aumento no debería exceder el 5,8%, una cifra en la que estimaban se estabilizaría la inflación al finalizar 2024.