El presidente Gustavo Petro recurrió al cuerpo diplomático acreditado en Colombia para denunciar el presunto golpe de Estado del que estaría siendo víctima por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que está investigando formalmente la posible violación de topes de financiación en su campaña. De acuerdo con el primer mandatario, la autoridad electoral no tiene la competencia para hacer indagaciones al presidente de la República, pero, aun así, hizo una formulación de cargos en su contra.
“Me he reunido con el cuerpo diplomático reunido en el país para explicarles paso a paso como se ha desarrollado el golpe de Estado en Colombia y lo que vendrá en los próximos meses”, explicó el jefe de Estado en su cuenta de X.
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Según detalló, como presidente tiene el deber de informar a los demás países sobre la supuesta “alianza criminal” que se habría organizado para sacarlo del poder antes de 2026, yendo en contra del “voto” de más de 11 millones de personas que lo apoyaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.
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Sin embargo, es importante precisar que el Consejo de Estado dirimió sobre un conflicto de competencias relacionado con qué órgano debería hacer las investigaciones sobre el tema: el CNE o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En su concepto, concluyó que el Consejo puede indagar sobre los topes de campaña y establecer sanciones administrativas –que no van más allá de una multa–.
Asimismo, indicó que esto no choca con las competencias en materia penal y disciplinaria de la Comisión, que investiga directamente al presidente de la República. De igual manera, puede adelantar un eventual proceso para declarar la pérdida del cargo al jefe del Estado, si llega a comprobarse la violación de topes y su responsabilidad en los hechos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, informó a los medios de comunicación que, en efecto, entre muchos otros temas, el primer mandatario puso en aviso al cuerpo diplomático sobre el presunto golpe de Estado, porque “lo central es la protección del fuero presidencial”.
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Recordó, además, que Gustavo Petro goza de medidas cautelares establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de asegurar, mediante la sentencia del 8 de julio de 2020, que los derechos políticos del hoy presidente fueron violados. Esto, debido a una sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación en 2013, con la que fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado por 15 años para ocupar cargos públicos.
En 2014, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado anuló la sanción impuesta al entonces alcalde de la capital, asegurando que un organismo de tipo administrativo no puede ordenar la destitución e inhabilidad.
Algo parecido estaría pasando con el CNE, desde el punto de vista del jefe de Estado y del canciller Luis Gilberto Murillo. “Con las decisiones que se han tomado por un organismo administrativo, además que es un organismo apolítico, se viola, por un lado, ese fuero presidencial, pero además esa condición especial que de medidas cautelares que el presidente obviamente tiene por su caso mismo en el pasado”, expuso el ministro ante los medios.
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Sin embargo, desde la oposición han criticado la postura oficialista, rechazando la idea del golpe de Estado y legitimando las decisiones tomadas por ambos consejos. Una de las personas que se pronunció al respecto es senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal:
“Anda muy preocupado Petro. Sabe que se volaron los topes, que deslegitimar al CNE y al Consejo de Estado de nada le servirá. Su popularidad es pésima cada día, solo le queda el consuelo de trinar a ver si alguien le cree la historia del golpe de Estado o el golpe blando”, escribió en su momento.