La Fiscalía General de la Nación informó que, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, se identificaron 22 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de Yehiner Bastidas Bravo, alias El Zarco; y José Javier Rivera Jacanamejoy, alias La Negra o Garabato, dos de los señalados cabecillas principales de la estructura criminal conocida como La Constru.
Según el ente acusador, las propiedades, avaluadas en algo más de 6.600 millones de pesos, habrían sido adquiridas con recursos producto del cobro de extorsiones, el tráfico de estupefacientes y armas, secuestros y la ejecución de homicidios selectivos, entre otras conductas delictivas. Los elementos de prueba dan cuenta de que estaban a nombre de terceras personas, que no tenían capacidad económica ni poder adquisitivo que soportara la compra de los activos.
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En ese sentido, los bienes fueron afectados con medidas cautelares de secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo; y ocupados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijín de la Policía Nacional en Pitalito (Huila) y Puerto Asís (Putumayo).
Se trata de seis inmuebles rurales, entre estos una finca utilizada para la realización de eventos, además de siete predios urbanos, entre los que sobresale una casa en un exclusivo sector de Pitalito; y nueve vehículos de gama alta.
Alias El Zarco y La Negra o Garabato fueron condenados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tráfico fabricación, porte y tenencia de armas de fuego, explosivos y municiones; y extorsión, entre otros.
Al respecto, el director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro Gómez, resaltó que “las propiedades están avaluadas preliminarmente en más de 6.600 millones de pesos y habrían sido adquiridas con recursos producto del cobro de extorsiones el tráfico de estupefacientes y de armas secuestros y la ejecución de homicidios selectivos entre otras conductas delictivas una fiscal de la dirección especializada de extinción del derecho de dominio impuso sobre los bienes medidas cautelares de secuestro toma de posesión embargo y suspensión”.
Y agregó: “Fueron materializadas en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijín de la Policía Nacional en Pitalito Huila y Puerto Asís Putumayo se trata de seis inmuebles rurales entre ellos una finca utilizada para la realización de eventos siete predios urbanos sobresale una casa en un exclusivo sector de Pitalito y nueve vehículos de alta gama”.
La Fiscalía General de la Nación también impactó el patrimonio ilícito que habría constituido una organización trasnacional que, entre 1997 y 2000, lavó de manera sistemática activos en Colombia y Panamá, a través de diferentes maniobras financieras como la compra de bienes muebles e inmuebles. Los hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2024.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 59 bienes avaluados en más de 109.000 millones de pesos, que estarían a nombre de cuatro integrantes de la red criminal y algunas personas cercanas.
Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en situados en Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel y La Apartada (Córdoba).
Los activos afectados con fines de extinción de dominio están representados en 45 inmuebles, entre estos predios urbanos, fincas, casas de recreo y edificios; 4 establecimientos de comercio, 4 sociedades y 6 vehículos.
Los dueños de los bienes fueron capturados, judicializados y condenados por participar en un esquema de operaciones financieras ficticias y permitir el traslado de grandes sumas de dinero, que no correspondían a su perfil económico y generaron un incremento injustificado en el patrimonio.
La Fiscalía informó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de las propiedades.