En la mañana del 17 de septiembre del 2024 el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) informó que el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, ha recibido graves amenazas de muerte, que también incluyen a su familia.
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El asunto es tan grave que a su residencia llegó en las últimas horas una corona de flores con el mensaje “descansa en paz Andrés Idárraga”, además estaba acompañada de la factura de compra del mortuorio.
El Dapre aseguró que estas amenazas no detendrán el compromiso del funcionario con la tarea de identificar y exponer actos de corrupción inadmisibles en este Gobierno. La institución confía en el apoyo que ya están brindando las autoridades competentes, las cuales han iniciado las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables de estos actos intimidatorios.
Se exhorta a los ciudadanos colombianos a apoyar las actividades encaminadas a erradicar la corrupción. Dapre instó a la población a participar activamente denunciando y proporcionando cualquier información relevante que pueda contribuir tanto a esclarecer estos hechos como otras situaciones de amenazas similares.
“A todas las personas les hacemos un llamado para que se sumen a esta lucha, denunciando y proporcionando cualquier dato que ayude a aclarar estos incidentes o cualquier otro relacionado con las amenazas recibidas”, enfatizó la entidad.
Tras conocerse los hechos, en medio de una entrevista con Caracol Radio, Idárraga aseguró que no se dejará intimidar y que él seguirá desempeñando su labor, destapando actos corruptos y buscando transparencia.
No es la primera vez que lo amenazan
En abril del 2023, Andrés Idárraga denunció públicamente que tanto él como su familia recibieron amenazas de muerte a través de mensajes de texto. Los mensajes llegaron un domingo alrededor de las 8:00 de la noche, según detalló Idárraga en su cuenta de X.
Idárraga aseguró que los hechos ya eran de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y le solicitó al ente acusador que se actúe rápidamente para identificar a los responsables. “He puesto en conocimiento de la Fiscalía General las amenazas de muerte recibidas anoche y pido, a la mayor brevedad, llegar a los autores de las mismas”, fueron las palabras de Idárraga, mismas que iban acompañadas con capturas de pantalla de los mensajes intimidatorios.
Idárraga también confirmó que, a pesar de estas amenazas, continuará con su trabajo en la Secretaría de Transparencia, enfocado en reportar posibles casos de corrupción dentro de las entidades del Estado. “Pese a ellas, desde la Secretaría de Transparencia seguiré liderando la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, venga de donde venga”, aseguró el funcionario.
Entre los mensajes de amenaza que mostró Idárraga se leen frases intimidatorias que le exigen detener sus labores investigativas y le advierten sobre los riesgos a los que expone a su familia. Uno de los mensajes decía: “Sapo hijueputa, deje de estar metiéndose y esculcando cosas que a usted no le importan ¿Por qué no más bien investiga a esos hijueputas guerrilleros que tiene al lado? No se ponga en riesgo ni exponga a su familia”.
La situación generó preocupación, dado el contexto de las amenazas que buscan amedrentar a los funcionarios que investigan la corrupción en el Gobierno.
Por ahora se está a la espera de que la Fiscalía se pronuncie por esta nueva amenaza en contra de Idárraga.
Qué debe hacer un funcionario si recibe amenazas
Cuando un funcionario público en Colombia recibe amenazas de muerte es fundamental que tome medidas inmediatas para proteger su seguridad y sus derechos.
En primer lugar, se aconseja presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Este procedimiento es crucial para que se inicie una investigación y se puedan tomar las medidas correspondientes de protección. La acusación formal también ayuda a documentar el caso, lo que es esencial para solicitar medidas de seguridad específicas.
Otro paso importante es obtener el reconocimiento como víctima. Este reconocimiento debe cumplir con lo estipulado en la Ley 387 de 1997, la cual fue modificada por la Ley 962 de 2005. Ser reconocido como víctima es un requisito indispensable para acceder a diversas medidas de protección.
Entre las medidas de protección administrativa, se destacan las posibilidades de traslados o permutas. Estas acciones buscan evitar situaciones laborales desfavorables y proteger los derechos del empleado amenazado. La administración está obligada no solo a realizar el traslado, sino también a garantizar que las funciones laborales del funcionario se cumplan de manera segura y con la menor exposición a riesgos posibles.
El funcionario también puede solicitar medidas de protección personal a la Unidad Nacional de Protección. Estas medidas pueden incluir la asignación de escoltas, vehículos blindados o ajustes en su rutina diaria para reducir las posibilidades de riesgo.
Además, en el contexto de la Ley de Justicia Transicional, el funcionario afectado puede promover un “Incidente de reparación integral”. Esta figura legal busca la compensación y reparación por los daños sufridos debido a las amenazas recibidas.