En lo que podría considerarse un “desacato público”, el presidente de la República, Gustavo Petro, se declaró en rebeldía el jueves 12 de septiembre de 2024 ante el fallo del Consejo de Estado que lo obligó a retractarse por las declaraciones que hizo en contra de Enrique Vargas Lleras: hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, al que acusó de presuntos desfalcos por $5 billones cuando estuvo al frente de la Nueva EPS.
Tal y como lo había advertido el exvicepresidente Vargas Lleras, que vaticinó que el jefe de Estado incumpliría la sentencia judicial que lo conmina a retractarse y presentar disculpas contra su hermano, Petro prácticamente desestimó el ordenamiento judicial. E, incluso, cuestionó que el tribunal haya fallado en ese sentido cuando según él lo que está haciendo es “diciendo verdades” sobre supuestos oscuros manejos en la EPS estatal.
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“Ahora las tutelas me dicen que tengo que retractarme cuando estoy diciendo verdades”, afirmó el jefe de Estado durante un evento público en Florencia (Caquetá), en el que cuestionó la determinación del alto tribunal: con el que tiene una pelea cazada por cuenta de la posición de los juristas, entre otros temas, en el referente a las investigaciones a su campaña a la presidencia en 2022, que se llevan a cabo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Gustavo Petro y sus pullas al expresidente Álvaro Uribe Vélez
El tema salió en mención durante una crítica del mandatario a las decisiones del alto tribunal, en especial, porque, según él, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se registraron diferentes señalamientos sobre su ejercicio político, sin que hubiera ninguna decisión en ese sentido. Por lo que no ocultó su descontento y se despachó en contra de lo dispuesto por los magistrados, con duros señalamientos.
De hecho, también lanzó algunas pullas contra el exmandatario, al mencionar cómo quiso extender su periodo presidencial a 12 años, pero aún más grave: a ser el responsable de supuestas interceptaciones que se adelantaron en su contra. “Lo invitamos a hablar, no a maltratarlo. No como él nos maltrató chuzando nuestros teléfonos, obedeciendo a los terroristas y ahí si no hubo una tutela que dijese: ‘el presidente Uribe tiene que retractarse’”.
Eso sí, dejó en claro que no optará por el “camino fácil”, como lo sería una declaratoria de objeción de conciencia, siendo este su “derecho”, pues reiteró sentirse convencido de que sus afirmaciones son ciertas. Como si fuera poco, indicó que debían demostrarle que lo que dijo sobre uno de los integrantes de la citada familia tenía falsedades, situación que no sucedió en ninguno de los casos en los que sintió debía darse un pronunciamiento.
“Si me hubieran demostrado que ‘me equivoqué', racionalmente yo lo reconozco, así como he reconocido muchas veces mis equivocaciones frente al pueblo. Pero esta vez no lo veo”, agregó Petro, que añadió que el viernes 13 de septiembre se expresará en profundidad ante la determinación. Aunque, por lo visto, a juzgar por estas palabras, no cumpliría; en una decisión que podría tener repercusiones legales en su contra.
¿Qué decidió el Consejo de Estado sobre el caso Vargas Lleras?
En su fallo, la subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de primera instancia adoptada por unanimidad, optó por amparar el derecho a la honra y al buen nombre de Enrique Vargas Lleras, “en una acción de tutela promovida contra el señor presidente de la república, Gustavo Petro Urrego”. Lo anterior, tras las declaraciones en X y en alocuciones presidenciales en contra del abogado.
“El señor presidente no se limitó a expresar opiniones en el contexto de un debate político ni a informar a la opinión pública que se estaba adelantando una investigación por presuntas irregularidades en la citada entidad. En estas comunicaciones se imputó concretamente la existencia de un desfalco millonario, por el que debía responder la familia Vargas Lleras”, se leyó en el fallo, ante la acción de tutela presentada por el afectado.
Y es que, de acuerdo con Petro, aunque el Estado giró los recursos necesarios, los miembros de la familia Vargas Lleras escondieron y no pagaron facturas por $5.5 billones, pues hicieron gastos billonarios innecesarios, negocios particulares y financiaron un partido político. “Y que lo anterior, de acuerdo con lo informado por el señor presidente, llevó a la bancarrota a la citada EPS”, se remarcó por parte del Consejo de Estado.