La Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular 2024100000000010-5 de 2024, que establece directrices claras para garantizar la restitución de los recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) durante los procesos de liquidación, de acuerdo con información obtenida por el periódico colombiano El Tiempo.
La circular ofrece pautas específicas para las entidades involucradas en el manejo de estos recursos, como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), los liquidadores y los contralores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las entidades adaptadas al sistema de salud, los programas de salud de las cajas de compensación familiar y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en liquidación.
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Uno de los aspectos más relevantes de esta normativa es que establece que los recursos del sistema de salud que no son empleados en su función principal, es decir, para la prestación de servicios médicos, no pueden ser considerados como parte de los ingresos de las entidades en liquidación.
En este sentido, se exige a los liquidadores que excluyan dichos recursos de la masa de liquidación. Esto implica que, en caso de haber fondos relacionados con el sistema de salud, como la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que no hayan sido utilizados durante el periodo de prestación de servicios, estos deben ser clasificados como recursos excluidos del proceso de liquidación.
El objetivo primordial de esta circular es garantizar una administración más eficiente y transparente de los fondos del sistema de salud, protegiendo los derechos de los afiliados.
Luis Carlos Leal Angarita, superintendente Nacional de Salud, expresó que estas medidas buscan asegurar que los recursos destinados a la salud sean manejados de manera correcta y que se optimice la prestación de los servicios durante los procesos de liquidación de las entidades involucradas.
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En esta línea, la Superintendencia subraya la importancia de que los recursos del SGSSS se utilicen de manera responsable y conforme a su finalidad, evitando que se vean comprometidos en otros usos durante los procesos liquidatorios.
Superintendente de salud siguió con sus visitas sorpresa
Un grupo de pacientes que asiste a un dispensario de medicamentos en Suba, Bogotá, denunció haber encontrado fármacos almacenados en cajas y no entregados, a pesar de haber solicitado reiteradamente sus medicinas.
Estas observaciones surgieron durante una visita sorpresa realizada por el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, quien llegó acompañado por un equipo de la entidad para inspeccionar el lugar.
En medio de su recorrido, el funcionario afirmó que encontraron múltiples irregularidades en la entrega de medicamentos, lo cual confirma una falta de un inventario preciso en el sitio.
Leal y su equipo buscaron verificar las denuncias de demoras y dificultades en la entrega de medicamentos por parte de la EPS Compensar, que han sido una causa de preocupación para decenas de usuarios. Los pacientes han señalado que han tenido que esperar varios meses para recibir sus tratamientos, cuando la norma establece que dicha espera no debería exceder las 48 horas.
Durante la inspección, Leal declaró: “Hemos encontrado irregularidades significativas, ya que no tienen un inventario real de lo que está disponible. Además, observamos que hay pacientes que se retiran a sus casas con medicamentos pendientes”.
El problema se agrava debido a la práctica del dispensario de obligar a los pacientes a cambiar de marca si el medicamento recetado no está disponible. Esta situación genera retrocesos en sus tratamientos y complicaciones adicionales. “Detectamos que existen contratos por marcas, lo que obliga a los pacientes a regresar al médico para cambiar la receta si el medicamento no pertenece a la marca disponible,” comentó el superintendente pasada la inspección.
Asimismo, la visita reveló que no se cumplen las normativas de atención para ciertos grupos de pacientes vulnerables, como los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, las mujeres embarazadas y los menores de edad. Esta falta de atención preferencial y la ausencia de infraestructuras básicas, como un baño para los pacientes que esperan desde tempranas horas, son también motivo de preocupación para las autoridades.