No habrá principio de oportunidad para responsables de delitos contra menores de edad, aseguró la ministra de Justicia

En un anuncio realizado el 29 de agosto desde el departamento del Choco, Ángela María Buitrago, Ministra de Justicia, confirmó cambios importantes en la propuesta de reforma judicial en relación con delitos contra menores.

La ministra declaró que ya hay un consenso para retirar del proyecto de la reforma a la justicia: “Se está discutiendo que no esté la rebaja (de cargos) en el principio de oportunidad“.

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Sin embargo, Buitrago indicó que se considerarían preacuerdos dentro del marco legal “donde el sujeto que es capturado que es detenido o acusado de información sobre otros partícipes, redes incluso transnacionales, lo que significa un provecho para la justicia en torno a una investigación”.

El tema en discusión es el principio de oportunidad, una figura jurídica que permite a los fiscales suspender la acción penal a cambio de beneficios procesales que aseguren una colaboración eficaz por parte de los imputados. Buitrago detalló que esta decisión busca equilibrar la justicia con la eficiencia del sistema judicial, sin perder de vista la protección de los derechos de los menores.

La reforma judicial para la ministra Ángela María Buitrago

Ángela María Buitrago ha indicado en una entrevista con el medio El País que su enfoque principal es crear un marco jurídico adecuado para las mesas de diálogo entre el gobierno y grupos ilegales que no tienen carácter político. Aunque la reforma a la justicia había sido una prioridad clave para su predecesor, Néstor Iván Osuna, Buitrago ha afirmado que este proyecto no ocupa un lugar destacado en la agenda del actual gobierno.

Buitrago, reconocida por su trabajo en el caso del Palacio de Justicia de Bogotá y quien asumió su cargo recientemente, resaltó la importancia de un proyecto de ley relacionado con el principio de oportunidad y los preacuerdos en el ámbito penal. Este proyecto es visto como un paso crucial para avanzar en áreas como la justicia familiar y la conciliación, que ya han sido discutidas con el Consejo Superior de la Judicatura.

A pesar de que el presidente Gustavo Petro la propuso para el cargo de fiscal general, la Corte Suprema de Justicia optó por Luz Adriana Camargo. Este contexto destaca que, aunque la reforma judicial no es la prioridad en este momento, la ministra explicó al medio citado que sigue comprometida con aspectos esenciales como la regulación de preacuerdos y principios legales que podrían impactar significativamente el sistema de justicia colombiano.

Colombia sigue siendo un país peligroso para los menores de edad

Medicina Legal reporta cifras alarmantes: en el último año y hasta el 10 de abril de 2024, 19.192 casos de abuso sexual contra menores. Este contexto subraya la urgencia del proyecto de ley que busca reforzar las medidas contra la violencia sexual infantil, aprobado por unanimidad en la Comisión Primera de la Cámara y que ha pasado al último debate.

La iniciativa, promovida por la senadora Nadia Blel en 2018, regula el Registro de Abusadores Sexuales y define claramente las inhabilidades para personas condenadas por delitos sexuales contra menores en ciertos oficios o profesiones.

Según la senadora, “son los colegios, centros recreativos y deportivos donde con frecuencia se registran casos de abuso sexual contra nuestros niños”. La normativa busca asegurar que quienes trabajen con menores sean personas idóneas, evitando así que los abusadores sexuales puedan reincidir.

La Corte Constitucional, en su revisión, reafirmó la necesidad de que el Congreso detalle los plazos y cargos afectados por las inhabilidades estipuladas en la ley. Este requerimiento subraya la importancia de una legislación minuciosa para prevenir estos delitos y proteger a los menores de edad en todos los espacios donde interactúan con adultos.

El proyecto establece que todas las entidades, tanto públicas como privadas, deben consultar el registro antes de contratar personal que trabajará directamente con menores de edad. Esta medida se perfila como un obstáculo significativo para los aspirantes a estos roles que posean antecedentes de delitos sexuales.