La Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar para esclarecer posibles irregularidades en la adquisición de botes y motores fuera de borda destinados a resguardos indígenas en los departamentos de Vichada y Nariño, un contrato gestionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El contrato en cuestión, que supera los $23.613 millones, ha generado sospechas dentro del Ministerio Público, particularmente en relación a posibles sobrecostos y la aparente falta de idoneidad del contratista seleccionado.
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Cuestionamientos sobre la adjudicación del contrato
La Procuraduría puso bajo la lupa la adjudicación del contrato a la Unión Temporal MP UNP 2024, integrada por las empresas Military Industries y Panitex. Según la entidad de control, estas empresas no contarían con la experiencia necesaria en el sector náutico, ni en la producción o importación de equipos de esta naturaleza, lo que ha levantado dudas sobre la transparencia y la rigurosidad del proceso de selección.
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Revisión de documentación y análisis del proceso
Para avanzar en la investigación, la Procuraduría solicitó a la UNP una serie de documentos clave, incluyendo los estudios previos y de mercado realizados, así como el análisis del sector náutico y otros soportes del proceso contractual.
Esta documentación es fundamental para determinar si hubo irregularidades en la selección del contratista y si se incurrió en sobrecostos en la adquisición de los equipos.
Objetivo de la investigación
La apertura de esta indagación previa tiene como objetivo identificar a los funcionarios responsables de las posibles irregularidades y establecer si es necesario iniciar procesos disciplinarios.
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Con esta medida, la Procuraduría busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y asegurar que los equipos adquiridos cumplan con los estándares necesarios para su uso en los resguardos indígenas.
“Esta investigación se suma a los esfuerzos del Ministerio Público por controlar y vigilar la correcta ejecución de los contratos estatales, en particular aquellos destinados a poblaciones vulnerables como las comunidades indígenas en zonas rurales del país”, señalan.