La aseguradora Nueva EPS denunció que 15 hospitales del país, específicamente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Antioquía y Sucre, han embargado recursos pertenecientes a la entidad por un monto que supera los $56.000 millones.
Según la EPS, estos embargos resultan de procesos coactivos que califican como una apropiación indebida de recursos, excediendo significativamente las deudas que la EPS mantenía con estos prestadores en el momento del proceso.
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Un embargo desproporcionado
Julio Alberto Rincón, agente interventor de Nueva EPS, explicó que la situación se originó en 2022, cuando varios hospitales de Córdoba, Antioquia y Atlántico iniciaron cobros coactivos contra la EPS. Estos cobros fueron gestionados por un grupo de abogados y resultaron en que hospitales, que debían recibir $500 millones, terminaran cobrando hasta $5.000 millones.
“Esto generó una deuda significativa para los hospitales con Nueva EPS, pues se les pagaron sumas considerablemente mayores a las que correspondían”, destacó el funcionario.
El impacto de estos embargos, señala la EPS, ha sido profundo, pues termina afectando gravemente la capacidad de Nueva EPS para cumplir con sus obligaciones financieras con la red de prestación de servicios de salud a nivel nacional.
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Lo anterior se traduce en dificultades para cumplir con sus obligaciones económicas, incluyendo el pago a proveedores, la financiación de servicios médicos y la administración de su red de atención. La falta de liquidez puede llevar a problemas en el flujo de caja, dificultando la operación diaria de la EPS.
Según la aseguradora, la retención de estos fondos ya ha llevado a que muchos hospitales estén actualmente bloqueados para recibir pagos, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios de salud que estos centros ofrecen.
Ante esta grave situación, Nueva EPS interpuso acciones legales y presentó demandas ante los organismos de control pertinentes. “Estamos comprometidos con el bienestar de estos hospitales, pero es necesario reconocer que hubo un cobro indebido”, afirmó Rincón. La EPS ha remitido el caso a la Fiscalía General de la Nación, solicitando una investigación exhaustiva para determinar cómo algunos hospitales públicos se apropiaron indebidamente de los fondos de la entidad.
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El incidente subraya la urgencia de revisar los mecanismos de control y cobro dentro del sector salud, para prevenir que situaciones similares puedan comprometer el acceso de la población a servicios esenciales. Nueva EPS sostiene que, a pesar de estos desafíos, los servicios de salud se mantienen con normalidad; además, la aseguradora reiteró su compromiso de trabajar con determinación para resolver este impasse y garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud a nivel nacional.
Listado de los hospitales que tienen embargada a Nueva EPS
El siguiente grupo de hospitales ha llevado a cabo embargos contra Nueva EPS, lo que ha resultado en la retención de recursos que, hasta el momento, se encuentran sujetos a restricciones en cuanto a su desembolso:
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Urge la búsqueda de soluciones y colaboración interinstitucional
Para encontrar una solución a esta compleja situación jurídica, Nueva EPS ha convocado a alcaldes, gerentes de las Empresas Sociales del Estado (E. S. E)., organismos de control, e incluso ha invitado a la Fiscalía a participar en mesas de trabajo. “Estamos buscando salidas a esta situación jurídica en pro de apoyar a los hospitales”, declaró Rincón. El objetivo es garantizar que se aclaren los hechos y que se tomen las medidas necesarias para asegurar la atención adecuada de los afiliados a la EPS.
Este caso no solo pone en evidencia los desafíos financieros y operativos que enfrenta el sistema de salud en Colombia, sino que también plantea interrogantes sobre la integridad de los procesos de cobro y la gestión de recursos públicos en el sector.
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