Estas serían las estrategias de los salpicados en el caso de corrupción de la Ungrd para desmentir a Olmedo López

La más reciente imputación de cargos contra el exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López y Sneyder Pinilla, tiene en jaque a varios alfiles del presidente Gustavo Petro que resultaron salpicados por el escándalo de corrupción más grande que ha enfrentado el actual Gobierno.

De hecho, cinco de los más cercanos al mandatario ahora pelean para demostrar que los exfuncionarios de la entidad de mitigación del riesgo están mintiendo y entorpeciendo la investigación, aunque para lograrlo han cortado relaciones entre ellos y han optado por llevar su defensa de forma separada.

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Entre los señalados por la Fiscalía y la encargada de la investigación, Andrea Muñoz, que les dio “credibilidad a las versiones de López y de Sneyder Pinilla”, se encuentra Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. También están en la mira del ente investigador el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero.

El detonante de esta separación fue su implicación en el supuesto saqueo a la Ungrd, un esquema atribuido a Olmedo López que presuntamente manejó una chequera de 2 billones de pesos, y que desangró para beneficiar a congresistas y altos funcionarios del Gobierno.

Sin embargo, los cercanos al presidente ya están moviendo sus fichas para desmentir las versiones de López y Pinilla, alegando que todo se trata de una estrategia para desprestigiar su nombre sin ninguna prueba. Por ejemplo, Carlos Ramón González, exjefe del DNI, ha sido señalado como el líder de Olmedo López.

Según las declaraciones recogidas por El Tiempo de su abogado, Iván Cancino, la Fiscalía incluyó a González en la investigación basada en el testimonio del exdirector de la Ungrd, pero que no existe material probatorio proporcionado por López como chats o notas. “Además, hemos enviado derechos de petición y recogido elementos materiales probatorios para demostrar la inocencia de Carlos Ramón”, señaló el togado.

Por su parte, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, enfrenta acusaciones de haber nutrido la chequera de la Ungrd y de mover proyectos de congresistas clave a cambio de apoyo para el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la defensa de Bonilla, liderada por Mauricio Pava, ya consiguió que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá aprobara la práctica de pruebas, incluyendo registros de ingresos y salidas de la Casa de Nariño en las fechas en las que, según Olmedo López, se adelantaron los “cónclaves” para definir contratos y el entramado de corrupción.

El nombre de César Augusto Manrique Soacha, jefe del Departamento Administrativo de la Función Pública, también aparece en el organigrama criminal al mismo nivel que Olmedo López. Sus abogados, Alberto Poveda y Santiago Trespalacios, aseguran que demostrarán que su cliente no tuvo relación delictual con López y alegan que la Fiscalía está siendo engañada por López y por Pinilla, según declaraciones de la defensa a El Tiempo. Manrique ha sido acusado de desviar 100.000 millones de pesos de la Agencia de Tierras en favor de la Ungrd para completar el entramado delictivo.

Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, han recurrido a la defensa del penalista Miguel Ángel del Río. Este último ha anunciado intenciones de enfrentar a Olmedo con acusaciones por falso testimonio, fraude procesal, injuria y calumnia.

Del Río argumenta que el único nexo de Velasco con la Ungrd era orientar desastres como el del municipio de Rosas (Cauca), mientras que en el caso de Romero insiste en que únicamente recomendó tres hojas de vida y no tuvo participación en contratos. Este escándalo también ha llevado a discusiones sobre supuestas conspiraciones para comprar votos en el Congreso, beneficiando la agenda del gobierno de Petro.