El debate sobre la prohibición del matrimonio infantil en Colombia se vio postergado nuevamente. La segunda semana de agosto, la Comisión Primera del Senado debía votar un proyecto de ley destinado a prohibir las uniones matrimoniales entre personas menores de 18 años. Sin embargo, tras casi tres horas de discusiones y críticas, la decisión se aplazó, dejando en suspenso el futuro de la iniciativa al menos por una semana más.
El proyecto de ley lleva un año recorriendo los pasillos del Congreso con el objetivo de brindar justicia a miles de menores. Según Profamilia, el matrimonio infantil provoca una serie de problemas graves, como la violencia sexual, traumas psicológicos, pobreza y vidas truncadas. El martes 6 de agosto marcaba el tercer debate de los cuatro necesarios para que el proyecto se convierta en ley. Ahora, su destino depende de la voluntad política y la agenda legislativa de la semana para la que fue aplazada.
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La propuesta, presentada bajo el lema “son niñas, no esposas”, busca reformar el Código Civil colombiano. Actualmente, este permite que cualquier niño mayor de 14 años pueda casarse con el consentimiento de sus tutores. La iniciativa pretende elevar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, prohibiendo así esta práctica que algunos consideran una forma de “violencia legal”. Martha Royo, directora ejecutiva de Profamilia, señaló en El Espectador que la prohibición del matrimonio infantil se intentó desde 2007, pero fracasó en nueve ocasiones.
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El artículo 117 del Código Civil establece: “Los menores de la edad expresada [14 años] no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales”. Sin embargo, expertos como Danitza Marentes, directora de la ONG Valientes, advierten que esta norma puede normalizar otras formas de violencia contra los menores. “Termina siendo revictimizante porque se escuchan comentarios como: ‘las peladitas de 15 años son unas bandidas. Ellas buscan eso’. Y se nos olvida que los menores tienen especial protección constitucional”, destacó Marentes.
Las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) revelaron que Colombia es el segundo país, después de México, con mayor índice de embarazos infantiles, registrando más de medio millón de nacimientos. De estos, tres de cada cuatro niñas que tuvieron un hijo estuvieron o están casadas a temprana edad. Esta situación vulnera los derechos de los niños, a su vez que impacta significativamente en el erario público. La ponencia del proyecto menciona que el embarazo adolescente representa un gasto considerable para el Estado.
“Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, se ha señalado que el embarazo en adolescentes tiene un costo del 0.50 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual, lo que demuestra que el Estado debe actuar y prevenir el embarazo”, indica el documento del proyecto.
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Marta Royo de Profamilia considera que esta es una oportunidad histórica para el Congreso y para la niñez del país. Según Royo, la protección de los niños no es solo responsabilidad del Estado, sino también de los padres, las instituciones educativas y la sociedad en general. “El cuidado y la protección de los niños y niñas frente al matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas es de todos; dependen de una acción coordinada”, concluyó.
El proyecto de ley, “por medio del cual se prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas (Miut) en las cuales uno o ambos de los contrayentes o compañeros permanentes sean personas menores de edad”, también establece la creación de un programa nacional de atención integral a proyectos de vida para niños, niñas y adolescentes, reconociendo que el matrimonio puede afectar negativamente sus planes de vida.
Esta iniciativa es promovida por las representantes Jennifer Pedraza (Dignidad) y Alexandra Vásquez (Pacto Histórico), junto a otros congresistas que se han sumado al proyecto.
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