Gobierno insistirá en el proyecto que busca prohibir el ‘fracking’, así lo confirmó la ministra de Ambiente

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dio a conocer que durante el segundo semestre de 2024, el Gobierno nacional presentará el proyecto de ley para prohibir la explotación de petróleo con el método del fracking en todo el territorio colombiano.

La jefa de cartera también dijo que se encuentra trabajando junto a su equipo para crear el ambiente político óptimo en la Comisión Quinta de Senado y Cámara y asegurar que la iniciativa, que se enviará con mensaje de urgencia, sea aprobada en el menor tiempo posible.

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“Vamos a proponer una nueva ley para prohibir el fracking. Estamos colaborando con el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, para asegurar las condiciones políticas necesarias para que el proyecto pueda llegar a buen puerto y que sea aprobado”, afirmó la ministra de ambiente.

Frente a la situación del gas, en el país, la ministra dijo: “Esperamos decir ahora con este proyecto que vamos a fortalecer la transición energética, que vamos a invertir en nuestra capacidad de innovación”. En ese sentido, aseguró que desde su cartera “compartimos la difícil situación del gas en un diagnóstico; hay, en este momento, exploraciones para lograr esos tiempos de la transición”.

A la vez, señaló que es necesario realizar debates en torno a la manera en la que se debe actuar para que reducir el consumo de este recurso: “No se habla de cuando debemos empezar a bajar la demanda y en ir bajando la demanda de gas”, resaltando que se debe empezar a trabajar en las zonas donde el gas no se utiliza de manera mayoritaria para comenzar a implementar medidas que ayuden al reemplazo de esta fuente energética por otras que sean renovables.

Este será el quinto intento en restringir la práctica en el país por la vía legislativa. El 20 de junio de 2024, a falta de dos debates, terminó hundiéndose en la Comisión IV de la Cámara de Representantes.

La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes hundió por cuarta vez el proyecto de Ley 413, que tenía el objetivo de prohibir el fracking y la explotación de los yacimientos no convencionales (YNC) en Colombia, el 20 de junio de 2024.

El entonces presidente de la Comisión de las Circunscripciones Especiales de Paz, Luis Ramiro Ricardo Buelvas, no agendó la iniciativa para que, por tiempos, fuese descartada. En consecuencia, los sectores ambientalistas y el propio Gobierno, que habían impulsado la iniciativa, logrando que avanzara hasta tercer debate, rechazaron el hecho.

“La Comisión V no quiere dar el paso hacia la economía descarbonizada. Pero los datos del mundo son contundentes. No hay otro camino y Colombia debe pasar a la vanguardia de la descarbonización si quiere convertirse en un país desarrollado”, afirmó el presidente Gustavo Petro.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, advirtió el futuro de la iniciativa y solicitó en reiteradas ocasiones a los congresistas “dar el debate” y evitar que el proyecto se hundiera, tal como finalmente terminó sucediendo.

Después de que se conociera que el proyecto no podría seguir su curso en el Legislativo, la ministra Muhamad aseguró que,”no se hunde porque hubo una discusión en la que los honorables representantes votaron y decidieron hundirlo, situación que hubiese sido legítima y posible obviamente en el marco de las deliberaciones del Congreso, se hunde porque el presidente de la Comisión Quinta no lo puso a discusión, pese a que ya contaba con las ponencias”.

Según la vocera de la Alianza Colombia Libre de Fracking, Amarilys Llanos, en las cuatro ocasiones que el Congreso hundió la iniciativa, usó la misma estrategia, “guardar el proyecto de ley en una gaveta y dejar vencer el término de legislatura sin programar el debate; no con argumentos. En la última ocasión se lograron los dos primeros debates del Senado, las tres veces anteriores no programaron el primer debate.

“Esta es la primera vez que llegamos tan lejos, pero en la Cámara frenaron su avance, no con argumentos repito, sino con sus famosas ‘jugaditas’, porque no son capaces de decir públicamente y de cara al país que aprueban degradar el agua y el territorio, porque saben que no tienen argumentos de peso para hundir el proyecto en una discusión pública, amplia, abierta y realmente democrática”, subrayó.