La mañana del sábado 3 de agosto de 2024 el Ejército Nacional confirmó que dos jóvenes que llegaron por sus propios medios hasta la Séptima Brigada, en Villavicencio (Meta), decidieron entregarse de forma voluntaria tras estar bajo órdenes de uno de los grupos disidentes de las Farc.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ejército, los jóvenes hacían parte del GAO (Grupo Armado Organizado) que se conoce como la Columna Móvil Franco Benavides, que opera en los departamentos de Cauca y Nariño.
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Con el deseo de poder tener una nueva oportunidad para reintegrarse a la sociedad, los dos exintegrantes del grupo armado emprendieron su camino y en medio del despliegue militar efectuado en zonas rurales de municipios del Meta por soldados del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 20 y el Comando Aéreo de Combate No. 2, se conoció la noticia.
Los dos exmilitantes cumplían funciones como roles de comandancia y reemplazantes de escuadra en el GAO. En el caso del primer sujeto, llevaba tres años bajo las filas de la disidencia, mientras que el otro completó dos años.
Frente a este caso, el teniente coronel Norberto Martínez Cortés, comandante del Batallón de Infantería No. 20, destacó que el Ejército Nacional “continúa con la ofensiva militar en contra de las organizaciones criminales que delinquen en la región, la colaboración continua con las autoridades civiles, organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general es muy importante para abordar este tipo de situaciones”.
Los dos jovenes por el momento reciben acompañamiento de parte de las autoridades a la espera de definir su situación para volver a darle una segunda oportunidad a la vida como civiles, y superar ese oscuro capítulo que les dejó su paso por este grupo armado, acusado de cometer varios atentados contra la Fuerza Pública en el suroccidente del país.
Disidencias de las Farc exigieron millonarios pagos a habitantes del Cauca
El departamento del Cauca en Colombia continúa siendo un escenario de violencia y enfrentamientos entre las fuerzas del Gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de las FARC, a pesar de estar en mesas de negociación.
Uno de los eventos más recientes ocurrió el 23 de julio de 2024, cuando un artefacto explosivo improvisado, conocido como tatuco, detonó en una cancha de fútbol en el corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia. Esta explosión dejó un saldo trágico: un niño de 10 años muerto y seis personas heridas.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, y se lanzaron los primeros bombardeos desde 2022 con el objetivo de asegurar el ingreso de las tropas del Ejército Nacional a varias zonas del departamento de Cauca. El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, explicó a El País: “tenemos una estrategia que se está preparando en torno a poder defender esos territorios que los ilegales han utilizado para devengar el dinero fruto del narcotráfico que está presente dentro del Cañón del Micay”.
El general Mejía señaló de forma directa a Anderson Vargas, alias Kevin, como el principal responsable de la estructura Carlos Patiño, una de las disidencias más activas en la región. Según lo informado, esta estructura no solo se está dedicando a perpetrar ataques, sino también a extorsionar a la población local, exigiendo pagos millonarios.
Después del ataque en El Plateado, las disidencias se pronunciaron, y lamentaron la muerte del menor identificado como Dilan Camilo Erazo Yela, usando un tono de arrepentimiento, y describiendo al niño como “un niño inocente de esta guerra absurda”. Seguido a esto pidieron un minuto de silencio a los presentes, según informes citados por El País. Sin embargo, continuaron con sus demandas extorsivas, exigiendo grandes sumas de dinero a la población y amenazando con más violencia si no se retiraba al Ejército del municipio.
Estas acciones de las disidencias ilustran el complejo y trágico escenario que enfrenta la región del Cauca. La violencia constante y las actividades delictivas vinculadas al narcotráfico no solo afectan a las fuerzas armadas, sino que tienen un impacto devastador en las comunidades civiles. Los habitantes de Argelia y otros municipios viven bajo el asedio constante de grupos armados que imponen sus reglas a través de la violencia y la intimidación.
La respuesta del Gobierno de Gustavo Petro a estos ataques ha sido contundente. La estrategia militar busca retomar el control de áreas clave y desarticular las estructuras delictivas que operan en la región. Sin embargo, este enfoque no está exento de controversias. Aunque los bombardeos y las operaciones militares tienen como objetivo neutralizar a los grupos armados, también generan preocupación y temor entre la población civil que, en muchos casos, se encuentra atrapada en medio del conflicto.