Después de la escandalosa situación que ocurrió la semana pasada, donde en una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue requerida por soldados del Ejército Nacional en inmediaciones del municipio de Santo Domingo, en el nororiente del departamento de Antioquia, tres de los subversivos que iban en los vehículos oficiales, entre ellos alias Firu, fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario el lunes 29 de julio.
La decisión la profirieron desde el Juzgado 103 Penal Municipal de Medellín, por lo que el guerrillero, que fue identificado por las autoridades como Édgar de Jesús Orrego Arango, junto con Wenser Zabala Duque, alias Oliver González, y María Alejandra Ojeda, fueron enviados a la cárcel, mientras se les procesa penalmente por varios delitos, informaron en la emisora RCN Radio.
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‘Firu’, en este caso, responde por homicidio agravado, terrorismo, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. Mientras que ‘Oliver’ y Ojeda por porte ilegal de armas de fuego, explicaron en el medio radial.
Orrego Arango, de acuerdo con información de las autoridades, es señalado de ser uno de los jefes subversivos del Frente 36 de la disidencia de la extinta guerrilla de las Farc que responde al mando de Néstor Gregorio Vera ‘Iván Mordisco’, así como de ser el autor un ataque contra el Ejército el pasado 4 de julio, donde murieron seis militares que cayeron en un campo minado.
En el mencionado operativo de los uniformados, que se llevó a cabo en la mañana del pasado 23 de julio, y en el que requirieron a los integrantes de la caravana, iban negociadores de la mencionada estructura insurgente con el Gobierno Petro, que bajo esa premisa volvieron a las calles, ya que sus órdenes de captura están inactivas por solicitud del mismo Ejecutivo.
“Fueron capturados en flagrancia siete integrantes del Estado Mayor Conjunto de las disidencias de las FARC. Tres de ellos serán dejados en libertad como consecuencia de la suspensión de las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno Nacional, en calidad de integrantes de la mesa de negociaciones de paz con esa organización armada al margen de la ley (sic)”, indicó en esa ocasión la Fiscalía General de la Nación.
Procuraduría realizó inspección en sede de la UNP por cuenta de la caravana con guerrilleros
El lunes, además, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar contra los directivos de la UNP y realizó una inspección disciplinaria a la entidad.
El ente de control indicó que sus hallazgos en ese organismos de protección tienen como objetivo identificar a los servidores públicos que incumplieron la normatividad, manuales y protocolos que regulan el ejercicio de la función relacionada con los esquemas colectivos de protección, a raíz del incidente con la controversial caravana.
Lucila Mercedes Vidal Luque, directora nacional de Investigaciones Especiales del ministerio público, afirmó que en los primeros hallazgos en la entidad de protección se recopilaron contratos con agentes terciarios, los cuales serán analizados para determinar si tienen relación con las camionetas retenidas por el Ejército Nacional en territorio antioqueño, donde se movilizaban los mencionados integrantes de la estructura subversiva de ‘Iván Mordisco‘.
La funcionaria también advirtió que “de encontrar responsabilidad alguna en este caso”, se podrían determinar conductas disciplinarias relevantes en las que hubiesen podido incurrir servidores del nivel directivo y otros, así como tampoco descartó nuevas inspecciones a otras entidades, como la Alta Consejería para la Paz y en la unidad militar del municipio de Bello, el área metropolitana del Valle del Aburrá.
Aunque la negociación de paz continúa con esa estructura subversiva, desde marzo, y como consecuencia del homicidio de la lideresa indígena Carmelina Yule, el Gobierno suspendió el cese al fuego con ese grupo al margen de la ley.