El Gobierno del presidente Gustavo Petro está siendo fuertemente criticado por la propuesta de jurisdicción agraria que planea presentar en la nueva legislatura del Congreso.
Justo al aterrizar en París el mandatario utilizó su cuenta en la red social X para emitir una respuesta contundente.
En su mensaje, Petro aseguró que “no hay propiedad privada en baldíos. Eso es una contradicción en los términos. Los baldíos han sido apropiados, es decir, expropiados a la nación, generalmente por grandes terratenientes que han usado su poder en el estado y hasta la sangre de decenas de miles de campesinos”.
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La jurisdicción agraria propone una nueva vía jurídica para resolver los conflictos relacionados con la tenencia y uso de la tierra en las zonas rurales de Colombia. Esta jurisdicción se estableció mediante el Acto Legislativo 03 de 2023 y busca garantizar que los conflictos agrarios sean resueltos de manera pacífica y especializada.
Según declaraciones previas de Petro, los principales temas que abordará incluyen la formalización de la propiedad de predios rurales, los contratos agrarios y las disputas sobre el uso de recursos comunales.
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Las críticas a esta propuesta se han centrado principalmente en la preocupación de que podría amenazar la propiedad privada, especialmente en lo que respecta a los predios baldíos.
Petro, sin embargo, argumenta que los baldíos han sido históricamente apropiados por grandes terratenientes, lo que ha provocado una concentración injusta de tierras y ha contribuido a la violencia en el campo.
En palabras del mandatario “hoy, como una bofetada al estado social de derecho y contra la Constitución del 91, se intenta que esa tierra no regrese a manos de la nación ni que el Estado la use para entregarlas al campesinado”.
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El concepto de baldíos se refiere a tierras que no tienen un dueño registrado y que, teóricamente, pertenecen al Estado.
La controversia surge cuando estas tierras han sido utilizadas y apropiadas por grandes terratenientes sin el reconocimiento legal adecuado, lo que, a juicio de Petro, es una forma de expropiación a la nación.
El presidente insiste en que estas tierras deben regresar al Estado para ser redistribuidas equitativamente entre campesinos que realmente las necesitan para trabajar.
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La nueva legislación agraria pretende también reforzar los mecanismos de resolución de conflictos en áreas rurales, que a menudo sufren de una falta de acceso a la justicia efectiva. Petro asegura que la violencia y los enfrentamientos en el campo han sido una consecuencia directa de la desigual distribución de la tierra. La jurisdicción agraria, según sus palabras, es una herramienta necesaria para asegurar que los conflictos sean tratados con especial atención y conocimiento del contexto rural.
Además, la figura de los contratos agrarios busca formalizar el arrendamiento y uso de tierras. Esto proporciona seguridad tanto a propietarios como a arrendatarios, permitiendo mejores relaciones comerciales y productivas en el campo. La idea es que estos contratos se rijan bajo la nueva jurisdicción, especializada y adaptada a las necesidades del sector rural.
¿Riesgo para la propiedad privada?
La propuesta de jurisdicción agraria del presidente Gustavo Petro ha empezado a causar inquietud entre los propietarios privados de tierras. Este tema se centra en quién posee y cómo se adjudican los baldíos.
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Según la Corte Constitucional, estos baldíos son consideradas imprescriptibles, y su adjudicación solo puede ser gestionada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La iniciativa de Petro busca, en esencia, regularizar estas tierras para promover el desarrollo rural y apoyar a los campesinos.
Para entender las preocupaciones de los propietarios privados, es necesario aclarar que la jurisdicción agraria no debería representar una amenaza para aquellos cuyos terrenos están debidamente titulados y no son baldíos. Los terrenos baldíos, por definición, no han sido adjudicados a particulares. Petro pretende que estas tierras estén correctamente asignadas y sean explotadas en beneficio del campo colombiano. “Mientras algunos temen que pueda amenazar la propiedad privada, otros ven en ella una oportunidad para corregir injusticias históricas y promover un desarrollo rural más equitativo”, publicado por EFE.
Los detractores de la reforma temen que la nueva jurisdicción agraria pueda facilitar la expropiación masiva de tierras privadas. Sin embargo, la propuesta enfatiza la importancia de la seguridad jurídica. Un equilibrio cuidadoso será esencial para asegurar que no se produzcan abusos durante la implementación. La Corte Constitucional ha afirmado que los baldíos son imprescriptibles, añadiendo un grado de protección para evitar que se mezclen propiedades privadas con aquellas del Estado.
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Además, la propuesta no se centra exclusivamente en la expropiación. De hecho, muchos de los partidarios apoyan esta iniciativa como una medida de justicia social que finalmente ofrecerá a los campesinos la posibilidad de acceder a tierras que históricamente les han sido negadas.
La opinión sobre esta reforma está dividida. Algunos sectores privados y críticos ven una amenaza en la posible confiscación de tierras, mientras otros consideran que esta regulación proporcionará una solución al uso ineficaz de vastas extensiones de tierras del Estado. “La clave estará en la implementación efectiva y justa de esta nueva jurisdicción”, aseguró un portavoz de la Corte Constitucional en declaraciones a RCN Radio.