El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reaccionó a las recientes declaraciones filtradas del exfuncionario Olmedo López en las que se vincula al Ministerio de Hacienda con supuestos esquemas de financiación al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Sobre el mediodía del miércoles 17 de julio, Cristo desestimó la versión presentada por López. “Francamente, no creo en esa versión, pero las autoridades tienen que investigar todos sus testimonios”, afirmó el ministro, que considera que involucrar al ELN en el escándalo de la Ungrd es un giro poco usual del caso.
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Asimismo, Cristo señaló que debido a su reciente ingreso en el Gobierno, prefiere acogerse a los comunicados oficiales y las declaraciones de los voceros en las mesas de diálogo con la guerrilla. Olmedo López, en su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, acusó al ministro de Hacienda no solo de estar involucrado en las supuestas contrataciones dirigidas hacia la financiación del ELN, sino también de solicitar el soborno de congresistas. El ministro del Interior, por otro lado, destacó la importancia de no detener los procesos legislativos y de paz por estas acusaciones.
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“Yo no veo ningún fantasma en un proceso judicial. La Fiscalía tendrá que investigar y punto. Aquí pasan cosas todos los días. Si nos quedamos en la coyuntura diaria, no avanzamos en esos acuerdos”, enfatizó Cristo. Por su parte, López señaló al Ministerio de Hacienda y sus altas esferas administrativas en un esquema presuntamente orientado a desviar recursos para favorecer a la guerrilla. Estas acusaciones podrían tener consecuencias en los acuerdos nacionales y la aprobación de reformas en el Congreso. En su intervención, Cristo llamó a mantener la calma mientras las autoridades continúan investigando. Igualmente, reiteró la necesidad de continuar con la agenda legislativa y los diálogos de paz sin interrupciones innecesarias por el escándalo en curso.
Olmedo López destapa corrupción en la Ungrd ante la Corte Suprema
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López fue protagonista de un nuevo y explosivo episodio de corrupción revelado el 16 de julio de 2024. López compareció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para esclarecer el direccionamiento irregular de contratos dentro de la entidad.
En la audiencia, López expuso que recibió órdenes de altos funcionarios gubernamentales para redireccionar contratos en favor del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que está en proceso de negociación de paz con el Gobierno nacional. Según su testimonio, recogido el 25 de junio de 2024, estos movimientos buscaban asegurar recursos para el ELN, afectando así la estructura de la paz total en el país.
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En su declaración, López mencionó a funcionarios de alto nivel, incluidos el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el director de la DNI, Carlos Ramón González, y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Además, destacó la implicación de la representante Karen Manrique, oriunda de Arauca, y de otros congresistas y exfuncionarios. En su testimonio, el exfuncionario contextualizó su denuncia haciendo referencia a un comunicado del 17 de diciembre de 2023 emitido por alias Antonio García, comandante del ELN, el cual ponía en riesgo las negociaciones de paz.
López detalló que uno de los contratos implicados beneficiaba directamente a Manrique, y que en reuniones con su exsubdirector Sneyder Pinilla, quedó claro que había presión para dirigir contratos específicos a áreas de influencia del ELN. Esta situación coincidió con una reactivación de los secuestros por parte del grupo armado, justificada por la falta de manutención acordada en las negociaciones de paz.
El informe periodístico de Noticias Caracol reveló estos detalles, proporcionando un panorama detallado de cómo la corrupción y la manipulación institucional afectaban las políticas y recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres. Esta situación pone en la mira a varios altos funcionarios del Gobierno, cuyas acciones estarían comprometiendo la paz y la seguridad en regiones afectadas, como Arauca.
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