
El viernes 21 de junio la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), junto a otras autoridades de Bogotá, realizaron un operativo en el que verificaron que en 19 establecimientos no estaban cumpliendo con el requisito de expedir factura electrónica con el mencionado organismo puede verificar que no estén evadiendo impuestos.
Sin embargo, entre los negocios afectados estuvo el insigne piqueteadero de Doña Segunda, que es un lugar de tradición entre los amantes de la fritanga en la capital colombiana, que por no expedir como corresponde el mencionado documento, la sancionaron con tres días de cierre.
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“Me causa mucho dolor, y no sé como decirlo, porque me sacan por noticias si yo no estoy haciéndole mal al gobierno, no estoy quitándole nada a nadie”, afirmó la dueña del célebre lugar ante los medios de comunicación.
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El hecho no pasó desapercibido por clientes asiduos de la fritanguería, donde muchos expresaron su indignación, sobre todo porque la señora es una adulta mayor y genera una veintena de puestos de empleo.
“Me parece injusto. Yo pago mis impuestos, pago todo lo que la Dian exige. Me parece que ahorita quedan 14 (se confirmó que son 15) personas sin sueldos tres días y de esas personas dependen familias con hijos”, agregó la mujer.

Ante esa controversia, detractores del Gobierno Nacional la emprendieron en contra del presidente, Gustavo Petro, y reiteraron que se trató de un abuso con una persona que tiene un emprendimiento de décadas en Bogotá.
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“La regla general es la persecución a la gente buena y a la que genera empleo. El gobierno Petro premia a los delincuentes de la Primera Línea y persigue al piqueteadero de Doña Segunda. Quien produce es sanciondo. Quien delinque es premiado (sic)”, publicó el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, en su cuenta oficial de la red social X.

Incluso personas que han sido cercanas a la administración de Gustavo Petro criticaron esa intervención, que insistieron que era excesiva, como fue el caso del exdirector del DAS, Ramiro Bejarano.
“Atroz e infame la campaña de la @DIAN cerrando el piqueteadero popular Doña Segunda. Ahora si se entiende porqué bajó el recaudo tributario. Persiguiendo gentes humildes mientras los grandes pulpos evasores nadie los toca (sic)”, trinó.
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No obstante, el senador Inti Asprilla, del Partido Alianza Verde, señaló que se trató de unas críticas de doble moral, donde se quiso hacer parecer a Doña Segunda como una adulta mayor atropellada, cuando en realidad se trató de una irregularidad dentro de un negocio consagrado de la ciudad.
“Armando tremendo escándalo por un cierre temporal de Doña Segunda, y cuando se contaban por miles los vendedores ambulantes atropellados por Peñalosa, ellos si en condición de pobreza, no decían ni mu, e incluso aplaudían la “recuperación del espacio público”. Hipócritas!!”, afirmó.

Incluso el presidente de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), Jaime Alberto Cabal, se solidarizó con la adulta mayor y señaló que era un ataque a quienes generaban empleos en Bogotá.
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Sobre el tema, la Dian se pronunció y aseguró en un comunicado que no se podía tener tolerancia con la defraudación, por lo que se mantenía la sanción.
“La evasión fiscal es un delito. Cuando las personas exigen la factura electrónica en sus compras y pagos de servicios ayudan a combatirlo y a que Colombia tenga los recursos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, indicaron en uno de los apartes.
Ante toda la controversia, como es costumbre entre los colombianos, en redes sociales hubo una oleada de memes en que le “mamaron gallo” a la controversial decisión.
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