Las razones de una posible salida del Fiscal Mario Burgos del caso Nicolas Petro, se debe a los cargos que pronunció la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su contra por presuntamente ser el responsable en la filtración del video en donde el hijo del mandatario rindió su interrogatorio en agosto de 2023. La decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se anunció en la mañana del viernes 7 de junio de 2024.
“No se va a hacer ninguna publicación, el señor investigador va a tener la reserva, no vamos a tener copia alguna, inclusive yo siempre he sido muy respetuoso de las labores que hacen los funcionarios de Policía Judicial, ellos la mantienen custodiada, salvo que se la necesite de manera judicial en algún escenario ante un juez. Estamos aquí cuatro personas, y aquí va a quedar; si se filtra alguna cosa es por alguno de nosotros, creo que somos éticos, eso no va a pasar para su tranquilidad”, manifestó el fiscal Burgos en la grabación.
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La Resolución No. 110010802000202301097 00 oficializa esta imputación, señalando que Mario Andrés Burgos Patiño, en su condición de Fiscal 1 Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y adscrito a la Delegada para la Seguridad Territorial, podría haber incurrido en faltas disciplinarias. La comisión decidió formular el pliego de cargos después de evaluar detalladamente las pruebas reunidas en el caso.
“Permitir como director del proceso que se filtraran los videos realizados dentro de la investigación penal contra Nicolás Petro Burgos, los cuales aparecieron publicados en medios de comunicación el 30 de septiembre de 2023 y el 15 de marzo de 2024, relacionados con el interrogatorio y la captura del mencionado ciudadano”, precisó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Así las cosas, el fiscal Mario Burgos aseguró en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación que no existen razones para apartarse de la investigación que se lleva en contra de Nicolás Petro por el supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Burgos fue el fiscal que acusó al hijo mayor del presidente Gustavo Petro por supuestamente haberse enriquecido ilegalmente con 1.053 millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones las personas que habrían girado el dinero a Nicolas Petro fueron Gabriel Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra, alias ‘el hombre Marlboro’.
El magistrado ponente Alfonso Cajiao Cabrera confirmó esta decisión, señalando que la actuación de Burgos está bajo reserva sumarial. Según el documento emitido por la comisión, también se investigan posibles presiones indebidas denunciadas por el defensor de Petro, Diego Henao Vargas, para alcanzar un acuerdo judicial. La investigación disciplinaria fue ordenada inicialmente el 12 de octubre de 2023.
El documento destaca la importancia de este proceso que seguirá su curso conforme a lo previsto en la Ley 1952 de 2019. La citación a audiencia y formulación de cargos procede únicamente cuando la falta está objetivamente demostrada y existen pruebas que comprometan la responsabilidad del disciplinado. En relación a esto, se resalta que contra esta decisión no procede recurso alguno, lo que refleja la gravedad y seriedad de las acusaciones.
Alfonso Cajiao Cabrera, magistrado ponente, enfatizó que las presuntas irregularidades no solo involucran la filtración de los videos, sino también las supuestas presiones indebidas para lograr un acuerdo judicial, hecho denunciado por el defensor de Petro. Este señalamiento profundiza la complejidad del caso que ahora se encuentra en el escrutinio público y jurídico.
Por otra parte, se advierte al disciplinable que contra la presente decisión no procede recurso alguno, según lo estipula el artículo 222 del Código General Disciplinario. Esta medida busca asegurar que el procedimiento se realice sin dilaciones indebidas, manteniendo la integridad del proceso de investigación disciplinaria.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación llevaron a la captura de Nicolás Petro y Days Vásquez, exesposa del hijo mayor del presidente. Las dos personas fueron trasladadas en julio de 2023 a Bogotá desde Barranquilla, en donde se realizaron las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.